Hace 25 años la Ley General de Sanidad cerraba los psiquiátricos y reintegraba en la sociedad a los enfermos mentales. En teoría, el objetivo era que estos pacientes pasaran de estar encerrados en malas condiciones a recibir un tratamiento adecuado, pero en la práctica, la falta de recursos los ha dejado "desamparados", tal y como denuncian los familiares.

La Asociación Canaria de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFES) reclama, 25 años después, el cumplimiento integral de esta ley, así como una serie de mejoras en la atención recibida.

De hecho, sostiene que muchas personas con enfermedades mentales no acceden hoy en día a ningún tipo de tratamiento ni reciben apoyo social y en la gran parte de los casos son las familias las que se hacen cargo de ellos.

"Estas personas están desprotegidas. Si no estuviéramos las asociaciones y los familiares, no tendrían opción. La asociación mejoramos su calidad de vida, le damos herramientas para integrarse en la vida laboral y en la sociedad, es decir, hacemos el trabajo de las administraciones", denuncia Carmen Notario, presidenta de AFES que cuenta con unos 600 socios.

Casos como el de Vítor M. M., un joven discapacitado que pasó toda su vida en centros de acogida y que espera ahora un lugar adecuado para vivir, es un ejemplo de la falta de recursos de las administraciones públicas.

"Lamentablemente no tenemos una estadística de estos casos, pero sabemos que hay muchas personas que se encuentran desamparadas y sin familia que pueda hacerse cargo de ellos", apunta Notario, que recuerda que cada vez las personas más jóvenes sufren problemas mentales, sobre todo, por culpa de las drogas.

Reforma

"La reforma en Salud Mental fue buena y conllevó resultados bastante positivos, pero faltaron los recursos intermedios", sostiene José Luis Guerra, gerente de la Quinta de Reposo de Santa Brígida, centro privado que acoge a unos 85 pacientes.

"Se deberían haber puesto primero los recursos y luego empezar con la reforma. Lo que es indudable es que había que salir de esas oscuras estructuras de encerramiento. Si tenemos un estado de bienestar serio, las administraciones tienen la obligación de velar para que estas personas disfruten de sus derechos", concluye el responsable del centro.