La Justicia tumba otra vez los mogollones

M. M. GUEDES/B. VALCARCE La Justicia ha vuelto a condenar los mogollones de Carnaval en vísperas de la fiesta, lo mismo que en 2006 cuando la policía precintó las terrazas de las ramblas Juan Rodríguez Doreste. Sólo que el auto que hizo público ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) afecta también a la trasera del parque Santa Catalina, donde se ubicarán unos 40 chiringuitos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se apresuró a anunciar su recurso en casación ante el Supremo, pero los denunciantes, la comunidad de vecinos del edificio Simón Bolívar, exigen el cumplimiento inmediato de la resolución, aunque están dispuestos a negociar si hay un "compromiso jurídico" de suprimir por completo los actos carnavaleros de la zona.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC señala en el auto que, aunque en diciembre pasado afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló los mogollones en 2006 estaba "correctamente ejecutada", admite ahora que aquella se ejecutó a favor de quien fue parte en el procedimiento que concluyó con dicho fallo, otra comunidad vecinal de un edificio situado frente a la Casa del Marino, en los alrededores del también llamado parque blanco.

Ahora, según el nuevo auto, "es claro que, teniendo dicha comunidad la condición de tercero interesado en la ejecución y afectando sus legítimos intereses al parque de Santa Catalina, procede estimar la súplica que nos ocupa y ordenar el Ayuntamiento de Las Palmas que tome las medidas oportunas para dar estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 22 de julio de 2002 [ratificada por el Supremo en 2006] de manera que no se vea comprometido el derecho al descanso de los residentes en el parque de Santa Catalina".

La Sala subraya también "la incompatibilidad de los parques Santa Catalina y Rodríguez Doreste con la ubicación del mogollón carnavalero", por lo que "debió el Ayuntamiento en su momento actuar en consecuencia" y "tomar las medidas oportunas para la completa y cabal ejecución de la sentencia".

Los denunciantes consideran que "las consecuencias derivadas de este auto son únicamente imputables a la desidia, pasividad y desobediencia del Ayuntamiento, que desoyó las sentencias y cada uno de los intentos de los vecinos de llegar a un acuerdo satisfactorio, para compatibilizar la celebración del Carnaval y el descanso de los mismos". Los ganadores del pleito recuerdan al gobierno municipal que siempre han "demostrado su buena voluntad interesándose por buscar una solución extrajudicial, y al haber venido soportando pacientemente durante casi 10 años los daños y perjuicios referidos".

Negociación

Desde la parte vecinal se considera que debe ejecutarse el auto con efectos inmediatos, y no sólo en lo que se refiere a los chiringuitos del Parque, "sino entendemos también que a los del intercambiador -donde se ubicarán este año una treintena- y al escenario; es decir, todo lo que produzca ruido", explicó Yomara García, abogada de los vecinos. No obstante, la letrada admitió que sus defendidos están dispuestos a negociar si el Ayuntamiento se compromete a sacar el Carnaval de Santa Catalina el próximo año.

Mientras, el Ayuntamiento, tras anunciar que recurrirá, subrayó que durante el largo proceso judicial, "enquistado en el tiempo, siempre ha respetado todas las sentencias dictadas". Pero el alcalde Juan José Cardona también quiere negociar.