Los ciudadanos de la capital grancanaria se tendrán que aflojar el bolsillo para pagar a finales de este año un 10% más por la contribución y las familias con escasos recursos tampoco se podrán beneficiar de ayudas para paliar el segundo incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que sufren en tres años.

El Partido Popular rechazó ayer en el pleno tanto la moción del PSOE que proponía establecer mecanismos para paliar la subida del IBI, como la que defendió Compromiso, con el apoyo de Nueva Canarias, para establecer una línea de ayudas que permita a las familias sin recursos compensar el incremento. El alcalde Juan José Cardona justificó el rechazo en ambos casos con el argumento de que establecer medidas para esquivar la subida de la contribución que fija el decretazo del presidente español Mariano Rajoy sería un "fraude de ley". El portavoz socialista, Sebastián Franquis, le respondió al regidor diciéndole que "un fraude electoral es el que cometió el Partido Popular porque dijo que iba a bajar los impuestos y ahora no sólo no los baja sino que los va a subir".

A juicio de Franquis, "los ciudadanos ya han hecho un esfuerzo suficiente con la última subida de impuestos. La medida que plantea es injusta, por lo que deberían establecerse mecanismos para paliarla. Si se hace en otros ayuntamientos de España, se puede también aquí". El edil planteó encargar un estudio para buscar una fórmula que neutralice el incremento.

El concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, aseguró que el decreto-ley de Rajoy "impide utilizar cualquier mecanismo para realizar una minoración de la presión fiscal".

En cuanto a la concesión de subvenciones a las familias con escasos recursos que planteó Barrios, Gutiérrez dijo que "los presupuestos de 2012 ya están cerrados" y "no se puede incrementar la partida". En cualquier caso, insistió en que "las subvenciones tienen un dudoso encaje legal, porque no son subvenciones sino beneficios fiscales y van en contra del decreto ley".

Barrios recordó a Gutiérrez que las ayudas que se pusieron en marcha en 2010, y a las que se acogieron más de 2.000 personas, "no fueron ninguna ilegalidad y lograron paliar la situación de muchas personas necesitadas. Siento que no apoye la iniciativa. No creo", añadió, "que esta subida del IBI vaya a resolver el problema" que sufre el país.