El local de prostitución Kimbanda, desmantelado en 2005 por la Policía Nacional, se nutría de mujeres de origen sudamericano que eran presuntamente enviadas por traficantes en sus países de origen con la connivencia de los dueños y trabajadores del club. En una conversación telefónica interceptada durante la investigación, un traficante de mujeres llamado Marcelo le decía a la regenta del Kimbanda, Margarita V. D.: "Tengo un avión de chicas preparado para enviarte cuando me digas". Este solo es uno de los diálogos que ayer se pudieron escuchar en la primera jornada del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra un grupo de ocho personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres.

Margarita, que llevaba el club junto a su exmarido argentino, Jorge A. M., en búsqueda y captura, negó ayer que ella se dedicase a traer chicas de otros países. "Algunas llegaban por recomendación y otras porque llamaban al club buscando una plaza, pero yo no las buscaba", se defendió.

En su contra, la fiscal utilizó las conversaciones telefónicas interceptadas en las que se presuntamente se le escuchaba negociar con hasta tres captadores distintos precios de avión, días en los que llegaban nuevas chicas, dinero que le debían y calidad del servicio que prestaban.

La dueña negó en todo momento las negociaciones y afirmó que ella ayudaba a las chicas cuando se lo pedían sacándoles billetes de avión y enviando dinero a sus países de origen.

La fiscal, Teseida García, defiende que ese dinero, en realidad, era utilizado para financiar la llegada de nuevas mujeres que ejerciesen la prostitución.

Margarita reconoció haber escuchado en el club que las chicas debían pagar a los traficantes entre "1.000 y 4.000 euros", pero ella negó cobrarles nada.

Vida en el Kimbanda

Sobre cómo era la vida en el local, aseguró que "el alojamiento era gratis", aunque las prostitutas pagaban 80 euros por la compra de comida y cosméticos, que podían trabajar cuando quisiesen y que tenían libertad de movimiento, algo que niega la fiscal al asegurar que estaban vigiladas en todo momento y debían estar disponibles las 24 horas del día para los clientes hasta que saldaban la deuda que habían contraído con el Kimbanda.

La principal acusada reconoció, por otro lado, que el club se quedaba con la mitad de lo que ganaban las prostitutas y que ella cobraba 2.000 euros fijos al mes más un 30 % sobre los beneficios del local. Las chicas, además, estaban en España durante tres meses, ya que obtenían un visado de turista, y en ocasiones, otras personas enjuiciadas utilizaban cartas de invitación para que las mujeres no tuviesen problemas para entrar en el país.

El resto de procesados presentes en el juicio -hay tres en búsqueda y captura, Carmen E. C., Francisco José S., Roberto Carlos R. y Jonathan David S.- negaron haber cometido ningún hecho delictivo y su implicación en la supuesta red de explotación sexual. La fiscal les acusa de delitos contra los derechos de los extranjeros, receptación y depósito de municiones y solicita para ellos una pena total de 49 años de cárcel.

Dos de las personas que enviaron cartas de invitación reconocieron haberlo hecho por motivos personales. Roberto Carlos se enamoró de una chica y la invitó a Canarias. "Rompí cuando volvió a prostituirse", aseguró. El otro es Jonathan, que, con 18 años, envío cartas de invitación para "traer dos mujeres para mí y un amigo que conocimos por Internet", explicó. "Ellas nos dijeron que cuando llegasen nos llamarían, pero nunca supimos nada de ellas".