La fiscal Teseida García rebajó ayer las penas contra los acusados por la trama de inmigración ilegal y explotación sexual que se daba en el club Kimbanda en el año 2005 y solicitó que se condenase a los cinco acusados presentes en el juicio a un total de 18 años de prisión por sus presuntas acciones encaminadas a favorecer la llegada de las chicas suramericanas que se prostituían en el local de alterne de la capital grancanaria.

La ausencia de tres implicados en el juicio que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que se encuentran en búsqueda y captura, así como la rebaja en varias de las penas -consideración de algunos implicados como cómplices en lugar de autores-, ha hecho que el ministerio fiscal interesase 18 años de cárcel en lugar de los 49 iniciales.

García explicó en el trámite de informes que no podía acusarles por prostitución proactiva porque "las chicas sabían que venían a ejercer la prostitución", pero sí "favorecían o promovían la inmigración ilegal". Así, destacó que "todas las chicas dijeron que si no les hubiesen comprado el billete no habrían podido venir a España y que querían dinero para mejorar su calidad de vida". De hecho, recordó que Margarita V. G., dueña del club, en una conversación intervenida decía: "Yo soy la que paga por traer a las mujeres y nadie se va a aprovechar de mí". Además, añadió que "pedía cartas de invitación", enviaba "entre 600 y 800 euros" para pagar las bolsas de viaje, necesarias para pasar por la frontera, y les "proporcionaba el alojamiento".

Gustavo Santana, como defensa de Margarita, expuso que las chicas entraban en España "cumpliendo todos los requisitos administrativos". Además, aseguró que "nunca se ejerció violencia contra ellas ni se les quitó el pasaporte". El letrado planteó la posibilidad de que se tratase de un delito contra los derechos de los trabajadores en lugar de uno contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y manifestó que existe la posibilidad de imponer una infracción administrativa por traer ilegales en lugar del tipo penal, algo que considera más acertado porque "no se quebró la dignidad de las mujeres", algo requerido por la jurisprudencia.