No sólo la crisis tiene paralizado el desarrollo urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria. La maraña burocrática para la autorización de determinadas actuaciones contribuye a frenar las pocas que se ponen en marcha. El Ayuntamiento denuncia que la exigencia de evaluaciones ambientales por parte del Gobierno de Canarias para operaciones que, a su juicio, no lo precisan, retrasa hasta un año la posibilidad de conceder una licencia de obra. Y eso que ya hay una resolución judicial que da la razón a la capital.

El ejemplo más patente de esta situación está en pleno paseo de Las Canteras. Un Estudio de Detalle -operación urbanística que sólo consiste en fijar los volúmenes en una parcela antes de autorizar la construcción de uno o varios edificios- promovido hace casi una década para edificar nuevas viviendas en una cuña de la avenida donde sólo hay casas viejas, sigue sin arrancar. El último motivo de paralización es el preceptivo informe de evaluación ambiental que exige el Gobierno, un dictamen que hace un análisis del entorno: la fauna, la flora y hasta la arqueología. "Es algo absurdo porque ya el Plan General, que también aprueba la Comunidad Autónoma, incluye las evaluaciones ambientales", lamentan técnicos municipales.

Pero la queja del Ayuntamiento se torna en denuncia cuando una sentencia judicial sobre el mismo Estudio de Detalle de Las Canteras, le da la razón. Se trata de una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 22 de diciembre pasado, que desestima un recurso de la Comunidad Autónoma contra el acuerdo del pleno municipal que aprobó definitivamente el Estudio de Detalle correspondiente a la manzana entre las calles Ferreras, La Naval, Faro y paseo de Las Canteras. El principal razonamiento de la impugnación autonómica es la ausencia de la declaración ambiental. La sentencia señala que esta exigencia legal sólo se refiere a "planes parciales y especiales, al planeamiento general y al planeamiento de carácter supramunicipal, pero en ningún caso menciona a los estudios de detalle".

El recorrido de un estudio ambiental supone de nueve meses a un año, según cálculos del Ayuntamiento. Primero un informe de sostenibilidad sobre la fauna, la flora y la arqueología, que tarda un mes en elaborarse; luego, 45 días de exposición pública, y después, la aprobación de una Memoria Ambiental en el Ayuntamiento, su remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) para informar en dos meses. Aunque este plazo "se incumple sistemáticamente, y a veces llega a tardar cinco o seis meses", asegura un alto cargo municipal.

Ese considerable retraso por una cuestión aparentemente burocrática llevó al Ayuntamiento hace dos años a solicitar a la Cotmac que prescindiese de exigir los informes ambientales para los estudios de detalle, una fórmula que, por ejemplo, también se ha utilizado para fijar el futuro parque del Estadio Insular. El 21 de noviembre pasado, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial denegó la solicitud municipal apenas un mes antes de que los tribunales se pusieran de parte de la ciudad en el caso de Las Canteras.