Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria e integrantes de la plataforma Stop Desahucios y del movimiento 15M han impedido hoy el desalojo de una familia de la vivienda en que habita, reclamada por Banesto como propiedad suya después de que dejaran de pagarle durante varios meses la hipoteca.

La dueña del piso, Julia Rodríguez, desempleada, madre de cuatro niñas de 10, 12, 14 y 16 años y con un esposo enfermo en espera de una ayuda por invalidez, se ha acogido a una prórroga de un mes en la ejecución del desahucio que había fijado inicialmente la autoridad judicial para esta mañana, asesorada por miembros de ambos colectivos, concentrados a las puertas del inmueble.

Julia Rodríguez y su familia viven en un piso de protección oficial del barrio Almatriche que hipotecaron por 42.000 euros hace siete años a fin de hacer frente a gastos de equipamiento de la casa y otros, según ella misma ha relatado entre enseres empaquetados en una vivienda casi vacía ya de muebles, sacados días atrás de allí por temor a que se hiciera efectivo el desahucio.

Esa medida fue ordenada por un juzgado como culminación de un proceso que se inició hace más de año y medio, a raíz del impago de tres mensualidades de unos 260 euros cada una, que llevó al banco a ejecutarle la hipoteca, conforme a su relato.

Tanto Julia Rodríguez como una vecina y familiar suya que la acompañó en todo momento y solo se identificó como María han subrayado que el desahucio se ordenó después de que el caso hubiera sido objeto de tres vistas judiciales diferentes que en ningún momento se notificaron a la interesada, y pese a reiterados intentos de ésta de negociar una fórmula para poner al día sus pagos.

Intentos que fueron infructuosos, en principio, porque, debido a la suma de penalizaciones, intereses y otros cargos, "la deuda primero era de 900 euros, pero cuando la fuimos a pagar ya había subido a 1.500, y cuando fuimos con los 1.500 ya eran 3.000", según ha enumerado gráficamente la afectada.

Rodríguez ha añadido que llegó un momento en que la deuda era ya de 20.000 euros, un montante que le costó tiempo reunir.

Sin embargo, cuando acudió al banco ofreciéndose a abonar esa cantidad, recibió como respuesta la noticia de que su vivienda había sido subastada y que el propio Banesto la había comprado, por lo que ya no tenía opción a seguir pagando su deuda porque ésta se había cobrado con el inmueble.

Luego pasaron los meses sin nuevas noticias hasta que este 27 de marzo, "con quince días de antelación y a las puertas de Semana Santa, con todos los juzgados paralizados", a la vivienda en cuestión, en la calle Equinoccio de la capital isleña, llegó una notificación de que se había acordado el desahucio para el día de hoy, según ha dicho.

Su versión ha sido respaldada por integrantes de la Plataforma Stop Desahucios que han prestado asesoramiento legal a Julia Rodríguez y también se han personado en la vivienda, formando con vecinos y familiares de la afectada un grupo de unas treinta personas que, unas sentadas y otras de pie a la entrada del portal, han hecho una barrera humana para impedir el acceso al edificio.

Ante su presencia, la funcionaria que ha hecho de portavoz de la comisión judicial encargada de ejecutar la orden de desahucio, acompañada por un cerrajero y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ha pedido paso y ha advertido de que podría requerir la intervención de los efectivos de seguridad en caso de negárselo, aunque luego se ha avenido a negociar una solución.

Tras tratar la cuestión primero con un portavoz de Stop Desahucios en medio de un silencio hecho a tal fin por los concentrados en el lugar, que momentos antes gritaban consignas contra el desalojo auxiliados con un megáfono, y después de efectuar llamadas telefónicas para recibir instrucciones, la funcionaria ha optado por hacer un escrito de concesión de la prórroga citada.

Para ello ha sido preciso que saliera a la calle, se identificara formalmente y firmara su conformidad con el texto Julia Rodríguez, encerrada hasta entonces en el inmueble como muestra de su negativa a abandonarlo.

Ya en la calle, ha expresado su alegría por la "esperanza" que supone seguir en la que considera su casa, así como su propósito de acudir "mañana mismo al juzgado" para intentar negociar una solución, aunque avanzando, igual que el resto de los concentrados, que, de no lograrlo, volverá a resistirse al desahucio otra vez dentro de un mes.