Cerca de 41.000 personas en Canarias utilizan cada mes el transporte sanitario no urgente en las Islas, un servicio que tendrán que pagar, en virtud del Real Decreto Ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Los usuarios perjudicados son quienes hasta ahora se benefician de las ambulancias para traslados para consultas o bien en casos prolongados de rehabilitación y hemodiálisis, por ejemplo, tras la valoración por un facultativo del Servicio Canario de la Salud, y debido a la situación clínica o a la imposibilidad física de estos pacientes, que no pueden recurrir a los medios ordinarios de transporte. El transporte sanitario no urgente es considerado como un "servicio accesorio" sujeto a aportación y el porcentaje que tenga que pagar el usuario se regirá por las mismas normas establecidas para el copago farmacéutico.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará en seis meses, a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley una orden ministerial con los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción "por razones clínicas". El objetivo del Estado es ahorrar 7.000 millones de euros en Sanidad. De ahí que una de sus medidas es restringir el uso de las ambulancias y limitarlas a las urgencias.
Con esta iniciativa "se castiga a los más desfavorecidos y a enfermos crónicos", afirmó el portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) en Sanidad, Joaquín Franco, que avisó también de "un colapso mayor" en las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias porque los inmigrantes en situación irregular se quedarán sin tarjeta sanitaria a partir del 31 de agosto y eso implica que sólo recibirán atención de urgencias. Una medida "xenófoba", según Francisco Bautista, de UGT.
