Fernando Torres Baena, el principal acusado del caso Kárate, evita 122 años más en el cálculo de su pena de cárcel gracias a la prescripción de 27 delitos. El maestro karateca, impulsor de una supuesta secta dedicada a manipular, corromper y abusar sexualmente de decenas de estudiantes de artes marciales, se aprovechó, presuntamente, de 18 menores entre los años 1987 y 2002. Los delitos que habría cometido ya han prescrito, por lo que no se suman a la pena de 312 años de cárcel que solicita la Asociación de Víctimas y Afectados del caso Kárate (Avicka) en el juicio que se sigue contra él y tres monitores más en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
De las 56 personas que relataron durante la instrucción del caso los supuestos abusos sexuales que sufrieron en el Gimnasio Torres Baena, 17 están llamadas por el abogado de la Avicka, José María Palomino, para declarar en calidad de testigos y apuntalar los testimonios de las 38 presuntas víctimas que sí están reconocidas por el actual ordenamiento jurídico.
La prescripción de los delitos, sin embargo, no afecta solo a Torres Baena. Su esposa, María José González Peña, sortea 27 años más en el cálculo de su pena, mientras que Ivonne González Herrera elude otros nueve y Juan Luis Benítez Cárdenes evita 15. Si se sumasen las penas de todos los supuestos delitos cometidos por los acusados, el computo alcanzaría los 826 años de prisión en lugar de los 647 años y seis meses de cárcel que solicita esta acusación particular.
Las indemnizaciones que pide la asociación, por otro lado, superan ampliamente las de la Fiscalía, cifradas en 1.538.000 euros. Las víctimas solicitan, en este caso, más de dos millones (2.010.000). Torres Baena, en caso de ser condenado, tendría que hacer frente a más de un millón de euros (1.040.000); González Peña, 440.000; González Herrera, 460.000 y Benítez Cárdenes, 70.000.
El próximo martes 15 de mayo seguirá la vista oral contra ellos, una jornada en la que Torres Baena comenzará a declarar.
