El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, no tendrá que ingresar en prisión hasta que el Consejo de Ministros decida si le concede o no el indulto. El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado en suspenso la pena de tres años y un día de cárcel que pesa sobre el empresario mientras el Gobierno decide si procede la medida de gracia.
Ramírez fue condenado el 24 de mayo de 2010 por un delito contra la ordenación del territorio por realizar obras sin ninguna cobertura legal en su casa de La Milagrosa, ubicada en un paraje natural de la capital grancanaria que goza de especial protección medioambiental. Esa sentencia fue confirmada en septiembre de 2011 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que, bajo la ponencia de Secundino Alemán, desestimó el recurso del empresario y estimó parcialmente el de la Fiscalía de Medio Ambiente, obligando así a Ramírez a derribar todas las reformas y ampliaciones ejecutadas en sus terrenos.
Al ser la sentencia firme, la defensa del empresario presentó la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia y pidió al Juzgado que lo condenó en primera instancia la suspensión temporal de la ejecución de la pena, que es lo que ahora ha acordado la juez Natalia Suárez Acosta mediante un auto dictado el pasado 16 de mayo. "Debido a la naturaleza del delito y duración de la pena, procede acceder a la solicitud de suspensión mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo", recoge la magistrada en su resolución judicial.
El Juzgado de lo Penal número 5 deberá ahora trasladar el expediente al fiscal para que fije su postura, aunque ni el dictamen del ministerio público ni la decisión de la juez son vinculantes, pues el Consejo de Ministros tiene plena discrecionalidad para aplicar la medida de gracia. En cualquier caso, el criterio general de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas es el de informar a favor del indulto en estos casos, siempre que el condenado repare el daño causado y derribe la construcción ilegal. Además, las fuentes judiciales consultadas daban por hecho que a Ramírez se le concederá un indulto parcial y evitará finalmente su ingreso en prisión.
Daño mayor
La condena inicial no obligaba al empresario a derribar las obras ilegales, ya que la juez de instancia considera que tirar los grandes muros de contención construidos podría causar un daño mayor al paraje protegido. Sin embargo, la Audiencia corrige parcialmente ese criterio, es decir, ordena que no se toquen los muros, pero se muestra partidario de eliminar el resto de trabajos, los cuales afectaban a varias partes del chalé.
El presidente de la Unión Deportiva, durante el juicio, trató de quitar importancia a la naturaleza de las obras, pues sostuvo que sólo rehabilitó una pajarera y determinadas partes de la casa por seguridad. Sin embargo, sus argumentos chocaron contra la contundencia del fiscal y de los informes medioambientales. Sí fueron absueltos los responsables de las empresas que ejecutaron las obras.
