La patronal de la construcción de Las Palmas se ofrece para realizar, con sus propios medios y a coste cero para los propietarios, la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) para aquellos inmuebles de la capital de más de 50 años. Este chequeo, al que obliga el Real Decreto Ley 8/2011, puede suponer a los propietarios de una vivienda un desembolso de entre 60 y 300 euros, según el número de pisos del edificio y de los metros cuadrados de cada casa.

A cambio de realizar las evaluaciones de las viviendas con más de medio siglo de antigüedad, en el municipio hay censadas 17.644, los propietarios que pidan esta ayuda a los constructores se comprometen a contratar con estas empresas las reformas que se puedan derivar de la inspección. "Con esta medida se va a ayudar a los vecinos y al mismo tiempo generar de nuevo que haya trabajo y crecimiento económico en un sector que está paralizado", explicó ayer la presidenta de la Asociación de Empresas de la Construcción y Promotoras (AECP) de Las Palmas, Salud Gil.

Según Gil este ofrecimiento se va a encauzar a través de un registro de la AECP en el que tendrían que inscribirse todos los propietarios o comunidades de propietarios de viviendas antiguas que quieran beneficiarse de sus ventajas. La asociación de constructores también utilizará la Fundación CIEC (Centro de Información y Economía de la Construcción) en la que están representadas las patronales de las dos provincias canarias, los colegios de arquitectos y el Gobierno de Canarias para tramitar una parte del ITE. "Ya hemos ofrecido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un convenio para que nuestro registro con sus inspecciones sea avalado por la administración", dijo.

Registro

La AECP cuenta con un programa informático que se pondrá en marcha en breve en el que podrán registrarse, por un lado, los propietarios de viviendas, por el otro los constructores-rehabilitadores, y por último, los proveedores de material de construcción junto a arquitectos y aparejadores. Una vez inscritas las viviendas, la AECP gestionaría la evaluación de las mismas. Cuando se haya realizado esa inspección (ITE), y en el caso de que se detectasen anomalías, el mismo programa informático se encargará de poner en contacto a los propietarios con las empresas rehabilitadoras, y éstas, por el mismo medio, harán llegar sus ofertas de presupuesto a los dueños de viviendas. Al aceptar uno de los presupuestos, esa misma aplicación informática contactará a las empresas rehabilitadoras con los proveedores.

Salud Gil reconoce que hay un riesgo para las empresas en ofrecer gratuitamente a los particulares esa inspección de sus edificios, pero asegura que son riesgos asumibles ya que se espera que en un alto porcentaje las viviendas evaluadas necesiten reformas y exijan un desembolso económico para sus propietarios. Precisamente para que ese desembolso no sea una carga asfixiante para los dueños de viviendas antiguas, la AECP se compromete a gestionar todo tipo de ayudas y subvenciones ante las administraciones públicas, beneficios fiscales e incluso solicitar créditos ICO o créditos blandos ante los bancos para ser devueltos sin apenas intereses en unos años. En un caso práctico, este crédito lo gestionaría la constructora directamente con el banco pero luego el propietario o comunidad de propietarios tendría que subrogarse al mismo. "Hay que ponerse a trabajar para encontrar todo tipo de subvenciones y ayudas, y de esta forma la aportación de los bolsillos de los vecinos quedaría muy diluida", afirmó Gil.

La AECP considera este registro y esta oferta de colaboración con las administraciones como una oportunidad "única" para revitalizar el sector, crear empleo y generar riqueza, de ahí que oferten esta experiencia no sólo a los particulares sino al Gobierno canario y a los ayuntamientos de las Islas. "La administración no puede desaprovechar nuestra capacidad técnica ni nuestra disponibilidad", señaló Gil.

En este sentido, la patronal plantea que los ayuntamientos podrían hacerse cargo de la rehabilitación de zonas o grupos de viviendas particulares muy numerosas, con problemas estructurales y con propietarios de pocos recursos económicos. En estos casos, el municipio interesado encargaría el arreglo a una determinada empresa sin poner dinero público pero sí a cambio de la concesión de determinados servicios esenciales como limpieza, guarderías o parques y jardines. Es el mismo modelo que la AECP ha ofrecido para rehabilitaciones pagadas con dinero público como las de la Vega de San José, Las Rehoyas o Tamaraceite.