"Me acusan de meterle una piña a un policía, pero eso es totalmente falso. Aquí la única agredida soy yo". Con esas palabras se defendió ayer la estudiante Guacimara Vera en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria. El magistrado la interrogó en calidad de imputada por los delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, pero la universitaria, de 36 años, negó que el pasado 12 de septiembre golpeara a un agente durante la inauguración del curso académico en la Universidad, cuando el Cuerpo Nacional de Policía procedía a desalojar a un grupo de estudiantes que se congregó en la puerta del Rectorado para protestar por los recortes.
Tras el interrogatorio, que duró poco más de 20 minutos, la imputada explicó que el agente la ha denunciado por propinarle un golpe en la cara. Su abogada, Antonia Santana, confirmó que el Juzgado ha abierto diligencias de investigación por los delitos mencionados, pero insistió en que la agredida es su cliente y no el policía. "Estamos recopilando toda la información para identificar al agente y denunciarlo", subrayó la letrada.
Por el momento ya han presentado dos partes de lesiones: uno del centro de salud y otro del hospital en el que fue atendida tras el altercado. También acompañaron esas pruebas con un reportaje gráfico en el que se aprecian moretones en varias partes del cuerpo y las marcas de un porrazo en el trasero.
Para identificar al policía, la defensa de Guacimara Vera estudia las imágenes de un vídeo grabado con teléfono móvil en el que supuestamente se aprecian esos golpes. Una vez que se individualice al presunto agresor, la abogada presentará la correspondiente acción penal, por lo que habrá denuncias cruzadas de ambas partes.
Miedo
"Lo que intentan con esto es meterle miedo al movimiento estudiantil, pero no lo van a conseguir porque cada vez somos más fuertes y lo vamos a demostrar en la manifestación del próximo día 11", asegura Guacimara Vera.
La universitaria, que cursa las últimas asignaturas de psicopedagogía, es la única de los estudiantes denunciados que se enfrenta a un proceso penal por delito. Los demás compañeros, entre seis y diez, han recibido multas administrativas por desacato y bloqueo del acceso a un edificio público.
Se trata de sanciones de 100 euros a pagar en un plazo de tres meses, aunque la cuantía puede llegar hasta los 300 euros si se incumplen los plazos. Todos van a recurrir esas multas al considerarlas injustas.
El colectivo estudiantil, que arropó a la imputada con pancartas y cánticos a la entrada de los Juzgados de Granadera Canaria, reclama una educación pública de calidad, sin "masificación, recortes ni segregación" en las aulas.
