El gobierno municipal que lidera el PP volvió a atacar ayer al interventor y a la secretaria general del Ayuntamiento a los que acusó de torpedear con informes y reparos la gestión política del Consistorio. En este sentido, el director de gobierno de Presidencia, Claudio Rivero, advirtió a estos funcionarios del Estado que no va a permitirles nuevas obstaculizaciones como posibles represalias por haber hecho público en el pleno del pasado viernes este desencuentro "No nos vamos a someter a ningún tipo de chantaje de estos y de ningún otro funcionario, no vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer por ellos ni por nadie, las políticas del Ayuntamiento las marca el grupo de gobierno", afirmó Rivero.

El director de gobierno recordó ayer nuevamente los argumentos que utilizó el viernes pasado para justificar los reparos puestos por el interventor y la secretaria general a la contratación de un auditor externo al personal municipal. "En el Ayuntamiento nos estamos moviendo en un contexto de modernización y ahorro y ahí se enmarcan varias medidas como el plan de ajuste que igualará los sueldos del personal de mayor categoría de la plantilla municipal". Rivero especificó que esta medida de ahorro entrará en vigor en enero de 2013 y que supondrá en la práctica que los cuerpos de habilitados estatales -donde están el interventor y la secretaria - cobren más de mil euros menos al mes.

"La mayoría de los empleados públicos del Ayuntamiento están conformes con este plan de ajuste porque conservan sus puestos de trabajo pero otros cuerpos de funcionarios obstaculizan continuamente este proceso y la labor del gobierno", señaló Rivero, "vamos a igualar el salario de los cuerpos de más nivel porque no es de nivel que estos funcionarios cobren más de 80.000 euros al año y el alcalde no pase de 63.000".

Esta actitud de confrontación ha sido ampliamente contestada por los tres grupos de la oposición municipal. "No se puede abrir una guerra contra los funcionarios que han ganado honestamente su plaza para controlar por la legalidad de las decisiones del gobierno porque ellos dan forma a las decisiones de los políticos", manifestó Isabel Mena (PSOE), "los funcionarios trabajan por el interés general no para obstaculizar a los políticos, esta actitud del PP es cuando menos bastante irresponsable".

Mena recordó el expediente de contratación del auditor tratado en el último pleno y que provocó el enfrentamiento entre el gobierno y los funcionarios. "Los funcionarios no chantajean a nadie, emiten informes para garantizar la legalidad de las decisiones políticas, pero Cardona gobierna el Ayuntamiento como su cortijo y por eso quiere contratar a un amigo con el único apoyo de un director general nombrado a dedo por él mismo".

Desde Compromiso, Nardy Barrios calificó la contratación de este auditor como "cacicada" de Cardona, al que acusó también de permitir que sus concejales insulten a los funcionarios de la casa. "Los políticos siempre usan el mismo soniquete cuando se saltan la legalidad, acusar a los funcionarios de boicotearles o de obstaculizarles, y este es un claro ejemplo de ello", dijo.

Pedro Quevedo, por NC, culpó al gobierno de Cardona de querer responsabilizar a otros de sus "malas" decisiones. "Responsabilizar en un pleno al interventor de una decisión tuya no creo que sea la actitud adecuada, si hay alguna acusación que hacer que se haga, pero que no se haga de esta forma velada".