Claudio Rivero acusa a los sindicatos de frenar la relación de puestos de trabajo

El director de Gobierno alega que la falta de la RPT alimenta "la conflictividad". La ciudad ha pagado 2,2 millones por sentencias laborales

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LP/DLP El director de gobierno de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Rivero, acusa a los sindicatos municipales de alentar un "auténtico boicot" a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), al negarse a dialogar sobre sus líneas generales, desde que comenzó su elaboración.

Rivero denunció ayer que la "táctica" utilizada por las centrales, con protestas de trabajadores municipales, como las ocurridas esta semana, ha sido la de desprestigiar tanto al director general de Recursos Humanos como a él por, supuestamente, cometer delitos de tráfico de influencias en la adjudicación a la empresa que está elaborando la RPT.

Para el responsable de Presidencia y Seguridad, los sindicatos se oponen a la elaboración de la RPT porque su ausencia, "alimenta la conflictividad laboral y los litigios", al no existir los criterios objetivos que definen las tareas de cada trabajador. En los últimos dos años y medio, la corporación capitalina ha tenido que abonar por fallos judiciales en este campo 2,2 millones de euros.

Claudio Rivero aseguró que para resolver esta situación y acabar con esta litigiosidad es "inaplazable" que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuente con el instrumento legal y objetivo, como es la Relación de Puestos de Trabajo, que estará lista en enero.

El responsable municipal de Presidencia y Seguridad señaló que el panorama laboral de la corporación capitalina en la funcionarización de sus empleados es "único e irrepetible" en cualquier otra administración pública del Archipiélago, que se añade a la situación económica actual, que obliga a las instituciones a operar sobre un marco presupuestario mucho más restrictivo, lo que supondrá una merma de 12 millones con respecto al del ejercicio de esta anualidad de 2012.

El director de gobierno del alcalde Juan José Cardona expuso que la corporación capitalina no tiene una estructura organizativa moderna y legal a pesar que durante muchos años distintos gobiernos municipales, de diferente signo político, intentaron, sin éxito, conseguir que la primera ciudad de la comunidad autónoma de Canarias contase con la obligatoria relación de puestos de trabajo.

Rivero manifestó que en estos momentos resulta "inexcusable" su aprobación, para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cumpla de una vez con la Ley de Función Pública, a la que tanto recurren los sindicatos cuando les conviene, pero a cuya aplicación ponen pegas.

Legalidad

Al respecto, el responsable municipal indicó que la RPT establece la ubicación de los trabajadores en sus puestos, siguiendo criterios legales de transparencia y carrera profesional, que vienen a establecer legalidad y eficiencia de las administraciones públicas.

"Durante todos estos años, estos principios no se han aplicado y la situación ahora es insostenible y su solución inaplazable", consideró.

En el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, sólo una cuarta parte de su personal son funcionarios, entre los que se encuentran los agentes del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local. Esta situación está originando, según apuntó Rivero, que estén quedando en precario las plantillas de técnicos en distintas materias, cuando existen "magníficos" profesionales entre actual personal laboral que podía realizar esta labor si hubiera RPT.

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