El delegado de Saur en Emalsa no explicó la compra de la nave

Versini-Campinchi asegura que Rubio y Abril Martorell no quisieron rendir cuentas de la adquisición de instalaciones

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Joël Séché, expresidente de Saur Internacional. | julien daniel / myop
Joël Séché, expresidente de Saur Internacional. | julien daniel / myop 
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CIRA MOROTE / RAÚL GIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El abogado Jean-Pierre Versini-Campinchi aseguró ayer a este periódico que Saur Internacional denunció a su propio ejecutivo José Luis Rubio Díaz de Tudanca y a Pablo Abril Martorell, de Sacyr-Vallehermoso (ambos consejeros de Emalsa), porque "no quisieron dar explicaciones" a Joël Séché cuando era presidente de la multinacional francesa, sobre un supuesto fraude en la compra de un edificio de la capital grancanaria.

El letrado interpuso una demanda en un juzgado francés el 12 de marzo de 2012, tras recibir Saur Internacional el aviso de un empleado que alertaba de una posible irregularidad en la adquisición, por parte de Sercanarias, de un inmueble de Seguridad Integral Canaria, en la calle Alfred Nobel, 27, de Las Palmas de Gran Canaria. La sospecha de que se había abonado una cifra excesiva en concepto de señal por la nave, 2,680 millones, cuando dos tasaciones la valoraban en 800.000 y 950.000 euros, llevaron al entonces presidente de la multinacional, Joël Séché, a denunciar la operación.

Sercanarias está participada al 50% por los socios privados de Emalsa, Valoriza (Sacyr-Vallehermoso) y Saur, que atesoran el 66% de las acciones. El 34% restante pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según explicó Versini-Campinchi, los ejecutivos de ambas empresas eludieron rendir cuentas ante Séché sobre el acuerdo con Seguridad Integral Canaria, cuando aún era presidente de Saur Internacional.

La actual cúpula de la empresa gala se ha desmarcado de este proceso judicial, al entender que no hay ninguna irregularidad en la operación de compra. Para ello, esgrime dos tasaciones que sitúan el valor del inmueble entre tres y 5,4 millones. Sin embargo, la investigación sigue su curso, pues se encuentra en periodo de instrucción. Además, a esta causa hay que añadir otra, pues Séché, que fue destituido como presidente de Saur el 28 de mayo de este año, presentó otra denuncia por su cuenta como propietario del 30% de las acciones de Saur, amparado en una figura legal denominada ut singuli, "que permite a un accionista minoritario actuar ante la justicia en el nombre y representación de la sociedad", señaló el abogado francés.

Versini-Campinchi aseguró que la instrucción del caso está en marcha y que "el procedimiento de investigación ha sido transmitido a las autoridades judiciales españolas". El letrado justifica la tardanza del proceso por el hecho de que es necesario un "exhorto diplomático", por estar implicados dos países.

Versini-Campinchi señaló que no va a designar ningún abogado español para que siga el caso en España, ya que, "por el momento, el procedimiento es exclusivamente francés". También aclaró que será el juez que instruye el caso el que decida si hay que ampliar la denuncia a otros empresarios o políticos, ya que no le corresponde a él tomar esta decisión. El letrado no ha contemplado la idea de desplazarse a España para tomar declaración a los imputados y los testigos, ya que no habla español.

Fue un empleado, como se ha dicho, el que puso en la pista a Joël Séché de que se podía estar produciendo una irregularidad en la compra del edificio de Los Tarahales. Sin embargo, el abogado no quiso dar información sobre la identidad de este trabajador de la empresa Saur en España. "Es secreto de instrucción", se limitó a responder el abogado galo.

Versini-Campinchi, que aseguró el pasado viernes a LA PROVINCIA / DLP que no importa lo que opinen Emalsa o Saur España, "el caso va a seguir adelante", señaló, no obstante, que no tiene datos sobre si Saur tiene en su horizonte reemplazar a sus representantes en España a raíz de este escándalo. Tampoco tiene conocimiento de que la multinacional haya incluido en su calendario la venta de las acciones de Emalsa.

Los demandantes ya aclararon que los tribunales franceses son perfectamente competentes para juzgar un caso que se haya producido en España, puesto que afecta a intereses de una empresa gala. Además, no descartaron que se lleguen a pedir reparaciones económicas a los demandados por los daños causados al patrimonio de la empresa.

El Consejo de Administración de Emalsa celebrado la pasada semana concluyó que los 1,3 millones transferidos de la empresa mixta a Sercanarias, y que se usaron en esta operación, se le adelantaron por servicios que prestaría en el futuro.


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