Con la aparición de una tasación fechada el 20 de marzo de 2012, que firma la empresa Sociedad de Tasación, ya son cinco las valoraciones que se han realizado sobre el edificio de Seguridad Integral Canaria cuya compra es objeto de una denuncia presentada en Francia por presunto fraude de dos consejeros de Emalsa. La diferencia de precios entre ellas, a pesar de que cuatro se realizaron en 2012, llega a los 4,6 millones, si se toman como referencia la de menor cuantía, 800.000 euros, y la más abultada, de 5,4 millones.

El inmueble, situado en la calle Alfred Nobel, 27, de la capital grancanaria, fue objeto de una opción de compra de 2,814 millones, que pagó la empresa Sercanarias el 21 de abril de 2010, como señal para una futura adquisición por un valor total de 5,360 millones de euros. Las empresas Saur y Valoriza (Sacyr-Vallehermoso), que tienen en sus manos el 66% de las acciones de Emalsa, comparten al 50% la propiedad de Sercanarias, firma que realiza múltiples servicios para la empresa mixta de aguas. Los consejeros de Emalsa Pablo Abril Martorell (Valoriza-Sacyr) y José Luis Rubio Díaz de Tudanca (Saur), actores de la compraventa, incurrieron, según el entonces presidente de Saur Internacional, Joël Séché, en una presunta malversación de fondos, al abonar por el edificio un precio muy superior al valor de mercado.

Para avalar su tesis, Séché encargó al menos dos tasaciones que constan en la denuncia que su abogado, Jean-Pierre Versini-Campinchi, interpuso en un juzgado de Versalles el 12 de marzo de este año. En estas dos valoraciones, el precio no supera el millón de euros, cifra muy alejada de los 5,360 millones del contrato de compraventa. Así, la tasadora Ana Tiestos Naranjo considera que el edificio no supera los 950.000 euros; y el arquitecto Felipe Gago Doreste sitúa el precio en 800.000 euros.

Pero fue la propia Saur Internacional la que consideró más tarde que la operación no presentaba ninguna irregularidad y para demostrarlo esgrimió ante este periódico dos tasaciones muy por encima de las que manejaba Joël Séché, que, además, fue relevado de su cargo el 28 de mayo de 2012. La multinacional francesa se basa en una valoración del año 2002, encargada por el Banco Popular, que cifraba el inmueble en tres millones de euros. Pero la tasación que supera a todas las demás consta en una auditoría fechada el 15 de mayo de 2012, que encargó Saur Internacional sobre esta operación, y que sitúa el valor de la nave en 5,4 millones de euros, es decir, 40.000 euros por encima del montante comprometido por Sercanarias a Seguridad Integral Canarias en el contrato de compraventa.

Dos tasaciones que contradicen a otras dos. Cada parte muestra sus valoraciones para justificar su postura. Sin embargo, existe una quinta tasación. En este caso, también encargada por Saur Internacional, pero que no consta en la denuncia de Séché y tampoco ha sido utilizada por la actual dirección de la empresa francesa como documento. La valoración, que pone un precio de 1,304 millones, tiene fecha posterior a la presentación de la denuncia. La empresa que firma este informe es Sociedad de Tasación, que está inscrita con el número 1 del Registro de Entidades de Tasación del Banco de España desde el 17 de diciembre de 1982. La valoración se hace, según consta en el certificado, igual que las tasaciones de la denuncia, sin visitar el interior del inmueble. No entra, por tanto, en lo que se denomina normativa ECO, pero es igualmente válida según la legislación, puesto que se hace por un método comparativo con otros inmuebles de la zona de similares características y utilizando datos que aparecen en el registro y el catastro.

El informe recoge la advertencia de que "a petición del solicitante", es decir, Saur Internacional, la tasación se hace "para la hipótesis de venta inmediata del inmueble valorado". De hecho, se sugiere una cifra descrita como "valor adoptado" que es de 1,043 millones.

Se utiliza como base la superficie que aparece en el catastro, que son 1.488 metros cuadrados, no 2.500 metros cuadrados, como aparece en la denuncia. Se le otorga un uso industrial, aunque señala que no se ha podido comprobar en el interior si conviven otros usos, y se compara con otros seis edificios, lo que llaman "testigos", para obtener el valor de mercado.