¿Qué criterios se han valorado para elegir a la consultora Auren para auditar las cuentas y la gestión de Emalsa?

El Consejo de Administración acordó por unanimidad, el pasado 2 de diciembre, el encargo del informe de auditoría a raíz de los acontecimientos de estas últimas semanas. Luego, personalmente, he sido yo el que he considerado, entre las opciones que tenía, que esta firma era la idónea para realizar el trabajo. Se da la circunstancia de que el titular del despacho, Juan José Cabrera, conoce muy bien la compañía, porque fue auditor de Emalsa hasta el año 2002. Cuando tuve la conversación con él, me resultó muy sencillo ponerle en situación. Se trata de una firma muy consolidada y solvente. Me da toda la confianza necesaria para que realice el encargo.

¿Eso no puede parecer una falta de confianza en Ernst & Young, que es la consultora que lo ha hecho en los últimos años?

No, porque este trabajo no trata de cuestionar la labor previamente realizada por la auditora habitual. No es eso, porque todo el mundo sabe que para hacer un informe de auditoría no se examinan exhaustivamente todos los papeles de la empresa. Éste es un trabajo diferente. Además, se acordó en el Consejo, incluso por sugerencia de los socios privados, que el auditor fuera uno diferente al que viene haciendo el trabajo con carácter habitual.

¿Por qué dice usted que es un trabajo diferente? ¿Van a tener acceso estos auditores a una documentación que no ha estado disponible hasta ahora?

No, es diferente porque, cuando se auditan las cuentas anuales, no se analizan todas las facturas de todas las cuentas de todas las partidas contables. El auditor selecciona, muchas veces por azar, o manejando una serie de criterios, en una labor de muestreo. Este nuevo informe es distinto desde el punto de vista de la cantidad, no de la calidad. El trabajo de campo es más exhaustivo. Se van a revisar la totalidad de los trabajos realizados, las facturas emitidas, etc. El auditor normal manda una carta a todos los proveedores, por si ha habido alguna incidencia destacable, pero no hace un barrido de todos los documentos, sería inabarcable. El método de trabajo es diferente.

¿Cree que va a ser suficiente con el informe? Usted ha creado el pasado octubre un grupo de control de Emalsa con seis técnicos del Ayuntamiento...

Son dos cosas distintas, pero que van a complementarse. Con carácter previo y con mucha antelación a lo que hemos conocido, desde el Ayuntamiento se venía trabajando en intensificar las labores de control sobre Emalsa. No como accionista, sino como titular del servicio público y controlador del servicio público que tiene que prestar. Ahora, la auditoría que estamos realizando la hacemos como accionistas de Emalsa. La propia compañía, a petición de su Consejo de Administración, va a revisarse a sí misma. Son dos papeles diferentes: el de accionista y propietario por un lado, y el de controlador, por otro. En los últimos años, se ha confundido este papel, y eso no es bueno, ni para la compañía, ni para la ciudad, ni para el servicio público. Yo pretendo, desde hace varios meses, cambiar eso, y consta en correos electrónicos una cierta fricción, alguna disparidad de criterios, porque yo no actuaba como accionista, sino como titular. Yo les decía: "Oiga, presénteme usted esta documentación, dígame que ha hecho en la red aquí o allí"...

¿Y ellos se han resistido?

Bueno, cuando uno presiona o aprieta las clavijas, cuando el controlador ejerce su papel, el controlado, lógicamente, se cuestiona qué persigue el controlador con determinadas peticiones. Se pone, digamos, en guardia, pero eso ocurre siempre con carácter general, lo que demuestra que, en efecto, estamos desarrollando bien nuestro papel. Como en los últimos años no ha habido cultura de trabajar de esta manera, pues hay cierta sorpresa. Se produce una reacción. Ojo, no digo que no sea colaboradora, lo está haciendo, pero nos hemos tenido que poner en nuestro sitio. La respuesta lógica podría ser que en el Consejo de Administración yo podría hacer esas preguntas, pero no, yo no las quiero hacer allí, porque en el Consejo me siento como accionista, como propietario de la compañía, y esa diferenciación de conceptos es clave para que Emalsa sea eficiente. Como accionista debo exigir que lo sea, y que incluso sea rentable. No es ilícito, ni es malo que las empresas, aun prestando servicios públicos, tengan un margen de beneficio. Eso no significa que sea un negocio. Igual ocurre en el transporte. Hay empresas que prestan servicios de transporte y la gestión de ese servicio debe reportar un beneficio a quien lo presta. Eso no significa que el servicio tenga que ser caro o que no responda a esa naturaleza pública. Los parques y jardines son gratis, pero la empresa que los presta obtiene beneficios. Lo que sí es difícil es definir el papel que la empresa debe representar, y en este último año hemos avanzado muchísimo en la búsqueda de diferenciación, lo que aporta mayor transparencia al rol que debe desempeñar cada uno de los actores. Lo que pasa es que todo lo que ha ocurrido en este último mes ha precipitado y ha aflorado una labor que nosotros estábamos realizando de manera discreta, sin necesidad de crear alarma, porque no teníamos motivos. Yo no quiero transmitir que hay un motivo de desconfianza en Emalsa. Lo que tengo que procurar es cumplir con nuestra obligación.

Usted dijo en una entrevista con este periódico, hace meses, que antes de subir las tarifas había que revisar la eficiencia de Emalsa, ¿ya se olía algo?

Bueno, esa fue una manera diplomática de transmitir un mensaje a todos, la primera, a la compañía de aguas. Efectivamente, considero que antes que plantear cualquier incremento de tarifas teníamos que estar convencidos de que la gestión de la empresa es eficiente y que se cumple perfectamente el contrato.

La exdirectora general de Emalsa, Laura Rivero, comentó la posibilidad de subir las tarifas por la supresión del agua desalada, ¿usted lo va a permitir, si la empresa lo plantea?

Yo me mantengo en la misma línea argumental. No lo voy a permitir, hasta tanto no tenga el convencimiento de que es el último recurso para mantener la viabilidad de la empresa. Aunque soy consciente de que cerrarse en una negativa a subir tarifas de manera indefinida es abocar a la empresa a una inviabilidad económica futura. Aportaría más transparencia el papel que cada uno debe jugar, si el Ayuntamiento no estuviera en el accionariado de Emalsa. El no estar, no implicaría que no fuéramos capaces de controlar la calidad del servicio y las tarifas, porque esa potestad la seguiremos teniendo en todos los casos. Todo lo que ha sucedido nos va a ayudar a despejar cualquier tipo de duda y que todos sepan qué papel juegan.

Estos días ha habido un cruce de declaraciones muy duras entre los dos últimos exalcaldes. ¿Miente Pepa Luzardo cuando asegura que los socios privados, Saur y Sacyr, intentaron inflar facturas en su mandato? ¿Miente Jerónimo Saavedra cuando se defiende de haber permitido irregularidades?

Lo que realmente me interesa es saber qué opina el ciudadano cuando lee o escucha estas declaraciones. Creo que no debe opinar nada bueno. Lo que tengo que hacer es trabajar para aportar transparencia, luz, y que después cada uno saque sus conclusiones. Cuando digo que ha habido confusión de papeles, lo hago desde la experiencia de haberme sentado en un Consejo de Administración, en la primera y segunda sesión, y de intentar abordar cuestiones que nada tenían que ver con la marcha de la empresa... Lo primero que me pusieron sobre la mesa es que el Ayuntamiento le debía 20 millones de euros a Emalsa. Yo dije que eso no era función del Consejo, y me contestaron que siempre se habían visto las deudas del Ayuntamiento en el Consejo. Ahí hay una confusión. Esa relación es de cliente y proveedor. En el Consejo no se tratan esos temas, sino la marcha de la compañía, como accionistas que somos de ella. En el último año nos pusimos al día en la deuda, porque en los anteriores cuatro no se le pagó nada a Emalsa. Yo no quiero contribuir al cruce de declaraciones, pero tampoco voy a tapar las ineficiencias y la pésima gestión que tuvo el Ayuntamiento en el mandato anterior. No se le pagó nada, no se le controló y el remate de los hechos, es que, en ese mismo Consejo, pido las cuentas de Emalsa y se me dice que en esa mesa no se ven las cuentas. Esto ya me pareció... Una cosa es que yo no contribuya a la descalificación de mis antecesores y otra cosa es que oculte o disculpe la ineficiencia o la mala gestión que han realizado otros. Ahí hay que destacar la rapidez con la que el PSOE se anticipa en todo este proceso a pedir luz y taquígrafos, a exigir auditorías, y lo cierto es que el PSOE tiene mucho que responder sobre lo que ha pasado en esta compañía en los últimos años. Primera confusión, el papel de cliente-proveedor. La deuda se habla en una mesa con los técnicos municipales. Es evidente que el Consejo no estaba acostumbrado a que se pidieran las cuentas. Poco a poco, hemos cambiado eso y lo que se ha tratado en los demás consejos ha sido el seguimiento de los presupuestos y todo lo que tiene que ver con la gestión. Era necesario clarificar estos papeles.

¿La deuda era una manera de tener cautivo al Ayuntamiento para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la empresa de aguas?

Sí, por eso esa relación es perversa. Cuando ha salido todo esto y se ha cuestionado el adelanto como que es una cosa atípica, ante esa situación, los privados me decían que ahora todo el mundo se rasga las vestiduras porque Emalsa ha adelantado 1,3 millones de euros por servicios que prestaría en los siguientes meses, pero es que el Ayuntamiento, durante cuatro años, ha estado debiendo millones de euros, y la compañía no ha demandado ningún tipo de interés o compensación por tantos años de estrangulamiento de la empresa. Ellos me lo ponían como ejemplo de que en un momento determinado se adelantara esta tesorería a Sercanarias, como el hecho de que Emalsa no le cobrara nada al Ayuntamiento por la deuda. ¿Eso qué implica en el fondo? Pues que se confundían los papeles. Lo importante es que la compleja relación se aclare y que paguemos cuando tengamos que pagar. En el primer año liquidamos prácticamente la deuda, debemos unos millones de los últimos meses, pero estamos considerando a Emalsa como un proveedor más. El concejal de Hacienda la trata y la respeta como un proveedor más, porque, de no hacerlo, estaríamos dándole a Emalsa la excusa para que no cumpla determinadas cuestiones a las que está obligada por contrato, apelando a nuestro incumplimiento. Vamos a respetarnos todos. El Ayuntamiento tiene que pagar y Emalsa ha de proporcionar un buen servicio y mantener la red como debe estar.

¿En este nuevo diseño de la relación entre el Ayuntamiento y Emalsa, una transferencia de 1,3 millones pasaría por el Consejo de Administración?

No. Dada la dinámica con la que trabaja Emalsa, esa transferencia no tenía por qué pasar.

¿Pasó por el Consejo?

No pasó.

¿Y tendría que haber ido?

No tendría por qué. Legalmente no tiene por qué pasar. Ahora, por un criterio de prudencia y de poner en conocimiento lo que está pasando... Lo cierto es que la compañía adelanta y ese adelanto se ve compensado y equilibrado en los tres o cuatro meses siguientes, porque ese importe viene a pagar los servicios que, de manera constante, presta Sercanarias. Probablemente, ni se celebró ningún Consejo de Administración entre el préstamo y su pago en servicios. Y cuando se convocó, ya estaba equilibrado el préstamo.

Los adelantos son una práctica habitual, pero usted ha bloqueado un anticipo de dos millones de euros en concepto de management fee para 2013 a los socios privados de la empresa mixta...

Sí, no me parecía apropiado, aunque hay que decir que los adelantos llevan aparejados unos intereses que tiene que abonar el beneficiario. No se trata de un préstamo a fondo perdido. El management fee es el conocimiento que aportan estas empresas por la gestión de la empresa, es un valor que hay que reconocer.

¿Cómo ve la denuncia presentada en Francia por Saur Internacional por la compra de una nave en los Tarahales, con un dinero que se adelantó de las arcas de Emalsa?

Me parece que todo ese asunto tiene que ver con un conflicto interno de la empresa, que mantiene la antigua dirección con la actual cúpula. Las partes se han explicado, pero esperaremos a ver qué dictan los jueces.

¿Existe un margen real para negociar a la baja el alquiler de la sede de Emalsa, que está arrendado a Satocan por 75.000 euros al mes durante 35 años?

En el informe de auditoría que va a realizar Auren, también se van a analizar las circunstancias en las que se firmó ese contrato para ver qué opciones tenemos. Desde luego, es un alquiler escandaloso, como he dicho en estos días, y nuestra intención es negociar de nuevo con el arrendatario para acordar una renta más acorde con los precios actuales de mercado.

Y además está la cláusula de rescisión que usted dio a conocer el pasado jueves...

Sí, esta cláusula, que, como dije, considero abusiva. Si en el octavo año Emalsa decide unilateralmente rescindir el contrato de arrendamiento, esta cláusula prevé que la compañía tiene que pagar el equivalente a 20 años de renta. Si se hace al décimo, serán 25, y así sucesivamente.

¿Cuando dice que se van a analizar en el informe de auditoría las circunstancias en las que se firmó ese contrato de arrendamiento, a qué se refiere?

Bueno, el propietario del edificio [Juan Miguel Sanjuán] se sienta en el Consejo de Administración.

¿Le parece ético que esté en el Consejo de Administración de Emalsa Ángel Luis Bracho, que está imputado en el caso Brugal por presuntas irregularidades en el contrato de basuras de Orihuela, en Alicante?

¿Si me parece ético? Bueno, no sé si es ético, pero no es estético.