El fiscal decano de Medio Ambiente en la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas Molina, ha reclamado al Cabildo de Gran Canaria toda la documentación económica relacionada con la planta de biometanización instalada en el vertedero de Salto del Negro. Tal y como avanzó este periódico la semana pasada, el fiscal no sólo investiga delitos medioambientales y contra la salud de las personas, sino una posible malversación de 30 millones relacionada con la construcción de la instalación, que se hizo con fondos europeos y no se ha estrenado por problemas técnicos, a pesar de que lleva seis años terminada.

De hecho, en el nuevo oficio remitido al Cabildo durante el día de ayer, Ródenas solicita que le se le facilite un "informe del estado real de funcionamiento" de estas obras, en el que se especifique la "fecha de finalización y comienzo del funcionamiento" de la planta.

El representante del ministerio público también pide a la Corporación insular una explicación de las autoridades que han sido responsables en las distintas fases de ejecución de las obras, así como de las comunicaciones de la autoridad europea competente en materia de vigilancia y control de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional Feder) que se hayan recibido.

Además , con el fin de "verificar" las más "de una decena de denuncias relativas a la falta de estudio de impacto que no valora la posible afección a la salud de las personas que viven en zonas muy próximas a los vasos de vertido", Ródenas reclama al Cabildo los informes que haya evacuado sobre la valoración de la posible afección a la salud de las personas que residen en el núcleo urbano de Salto del Negro. Las casas se sitúan "a menos de 150 metros del vaso de vertido".