La Biblioteca Pública del Estado no se moverá de su lugar, en la Avenida Marítima, sea demolida o no. El alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, se mostró ayer muy beligerante con la posibilidad de que haya que tirar abajo el edificio público. Una sola frase suya dejó a las claras cuál es la postura del Ayuntamiento: "Si hubiese que demoler la Biblioteca, nada nos impediría construirla en el mismo lugar".

El alcalde, durante su intervención en una rueda de prensa sobre el Plan Internacional de la Ciudad (PIC), explicó el conflicto que existe en torno a la Biblioteca Pública del Estado y recordó que en la actualidad la parcela sobre la que se eleva el edificio ya se encuentra convenientemente regulada.

Cardona recapituló sobre cuáles fueron los pasos que llevaron a que la Biblioteca fuese construida en el lugar en el que se encuentra. El alcalde especificó que fue en 1996 cuando el actual ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, por entonces alcalde de la ciudad, puso en marcha el proyecto bajo el amparo de la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, para dotar a la ciudad de una Biblioteca "acorde al tamaño y a la población" de la ciudad. En 1997 se inició la obra, condicionada al "desarrollo de un plan especial, un pequeño instrumento de desarrollo urbanístico, para encajar volumen y altura" pero siempre pensando en que la Biblioteca "fuese en ese lugar", afirmó.

Es en esta regulación donde él cree que se puede encontrar el "error de interpretación" en el que se basaron los magistrados del Tribunal Supremo cuando ordenaron la demolición de la Biblioteca el 4 de julio de 2006. Según aseguró, el Alto Tribunal "interpreta que el plan para esa parcela se realizó con posterioridad a la construcción y ordenó su demolición".

A su juicio, lo que se dio en aquel momento fue "un error formal" porque los planes especiales para esa zona fueron finalmente aprobados. Por esto, él entiende que "la demolición de la Biblioteca no es el camino más adecuado".

El alcalde se remontó a la decisión de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 10 de octubre de 2002 como ejemplo de pronunciamiento judicial en contra de los intereses de la Corporación pero sin llegar al extremo de exigir la demolición del edificio. En aquel caso se hablaba de compensar a los vecinos afectados por la construcción de la Biblioteca.

Sobre las negociaciones con la comunidad vecinal, Cardona reconoció que éstas se habían suspendido porque no tenía sentido llevarlas a cabo si lo que se exigía por parte del Tribunal Supremo era el derribo del edificio en lugar de una restitución económica.

El regidor se mostró esperanzado con que el Alto Tribunal revise de nuevo la decisión que exige la demolición después de que el TSJC desestimase dos recursos de reposición sobre la imposibilidad de ejecutar la orden de derribo y abriese la puerta a una tercera visita al Supremo.

La visión del edificio destrozado es algo que no le "cabe en la cabeza" a Cardona y asegura que tumbar la Biblioteca es un "sinsentido" que se debe evitar.

Reunión de los portavoces

La portavoz de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, invitó al alcalde a organizar "una reunión con todos los portavoces del Ayuntamiento y la asesoría jurídica para buscar la solución más adecuada a un problema del que él es responsable".

Barrios recordó que la Biblioteca se construyó cuando Cardona era parte de la Comisión de Gobierno que dio la licencia para su construcción. Por esto, afirmó que "su responsabilidad es doble" y que de él depende evitar que el edificio sea demolido.