La comisión de Pesca del Parlamento Europeo rechazó ayer la renovación del acuerdo con Mauritania, que debía ser ratificado por el Pleno en julio. La propuesta que presentó el presidente de la comisión, el eurodiputado popular Gabriel Mato, tuvo el apoyo de 16 votos, frente a seis en contra y una abstención. Se abre así una puerta para que los pesqueros vuelvan a descargar en los puertos canarios, ya que el protocolo actual imponía esta actividad en los muelles mauritanos.
Mato consiguió el aval para su ponencia después de que la propia comisión visitara, a comienzos de este mes de mayo, el Puerto de La Luz y el de Lanzarote. La comisaria de Pesca, la socialista griega María Damanaki, podría ahora replantear los términos del protocolo a las autoridades del país africano, que, en todo caso, ya ha cobrado los 70 millones de euros que éste le aporta en su primer año.
El actual acuerdo limita la actividad de la flota pelágica a veinte millas de la costa de Mauritania; y veta la acción de los cefalopoderos, bajo el argumento de favorecer la pesca artesanal de pulpo típica de la zona, que se considera de interés social. Además, obliga a que los pesqueros descarguen en plazas mauritanas. Tras la entrada en vigor del protocolo, a mediados del pasado año, los pelágicos apenas han utilizado las licencias, porque las aguas que se les reservan no son productivas. Los pesqueros holandeses, cuya actividad ha sido muy intensa en La Luz en años precedentes, se han retirado de la zona, con el consiguiente impacto negativo en las empresas frigoríficas del Puerto. Los atuneros, que también tenían asignados unos cupos en las aguas de Mauritania, ya los habían agotado en el mes de abril.
Otras especies, como las demersales, los mariscos o la merluza se incluyen igualmente en el convenio, aunque el objeto de la polémica se centra en las capturas de pulpo, los cupos y las zonas reservadas para la flota de hasta doce estados de la Unión y el lugar donde se pueden efectuar las descargas.
"Económicamente inviable"
Gabriel Mato calificó ayer el actual protocolo de "económicamente inviable", y criticó la prohibición del acceso a los cefalópodos, así como la reducción del área de pesca, lo que conlleva "una disminución drástica de las capturas". Su ponencia supone un serio obstáculo a la ratificación del acuerdo, que, pese haberse firmado inicialmente con una vigencia de dos años, debe ser sometido a ratificación al Pleno del Parlamento Europeo, previsiblemente, en el próximo mes de julio. Además de los 70 millones de euros anuales que Europa destina a Mauritania, la propia industria debe aportar otros 40 millones más.
El protocolo había generado en los últimos meses un importante rechazo por parte de distintos gobiernos y colectivos del sector pesquero dentro de la Unión. La asociación Europêche había pedido "importantes cambios y mejoras" en el texto. Tras la decisión de la comisión, el secretario de Estado español de Pesca, Carlos Domínguez, afirmó que ese voto en contra a la ratificación del convenio respalda "la posición del Gobierno español, incluso antes de su rúbrica", en julio del año pasado, ya que preveía que, en esas condiciones, "no iba a ser utilizado por la flota", informó Efe.
La delegación canaria
Celebraron la decisión, en Bruselas, permanecían Bernardino Santana, vicepresidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) y Miguel Rodríguez, representante de los trabajadores del Puerto de La Luz. "Para los trabajadores y las empresas canarias", apuntó Rodríguez "es un muy importante esta decisión, porque hace que esté cada vez más cerca que las descargas de la pesca del caladero mauritano vuelvan a nuestro puerto". Santana, por su parte, señaló que el veto de la comisión "supone un importante toque de atención a la comisaria Damanaki y a su equipo, responsables de este nefasto acuerdo". En este punto, recordó "los terribles efectos socio-económicos que ha padecido Canarias. Damanaki", aseguró, "deberá ahora preparar enmiendas al Protocolo antes de que se someta a votación de nuevo en el Parlamento Europeo".
Desde la delegación se había planteado en los últimos meses un progresivo traslado de las descargas a Mauritania, que permitiera al sector portuario isleño adaptarse a un descenso escalonado de los volúmenes, en vez de la súbita desaparición de la actividad. Algo que se ha venido a sumar a los efectos del acuerdo con otro estado africano, Marruecos, que también ha lastrado al sector pesquero canario.
