La Plataforma de Familiares de los Fusilados en San Lorenzo solicitan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la documentación y planos pertinente del cementerio capitalino para poder localizar las fosas en las que fueron enterradas las víctimas del franquismo. El objetivo es poder realizar una cata para proceder a una identificación genética a través de pruebas de ADN. Según Pino González Santana, portavoz del colectivo, tan solo en el caso de que los resultados diesen positivos solicitarían la exhumación de los cuerpos. Dentro de su propuesta, si por el contrario no se tratase de los dos fallecidos de San Lorenzo, pedirían la instalación de una gran lápida en la que aparezcan los nombres de los 60 fusilados "por defender la democracia" en la época de la república.

Ante la desestimación judicial y la justificación del Ayuntamiento de que no tiene competencias para exhumar los cuerpos, la plataforma propuso nuevas vías. "El cementerio está catalogado como BIC y es competencia del Cabildo autorizar cualquier actuación. Solicitamos el cierre de un acuerdo entre familiares, Cabildo y Ayuntamiento para realizar una cata", apuntó González Santana.

Los Familiares de los fusilados en San Lorenzo estuvieron ayer arropados durante su comparecencia en la puerta de las oficinas municipales, por diferentes colectivos. Junto a ellos se encontraba también el historiador y experto en la represión franquista en Canarias, Sergio Millares Cantero. Desde su punto de vista, la resolución por la que el Ayuntamiento niega la apertura de la fosa "no tiene en cuenta la Ley de la Memoria Histórica" al igual que tampoco lo hace la empresa, en palabras de Millares, encargada del cementerio, Canaricem. "El cementerio tiene cuarteles y cada uno esta dividido en 20 o 30 fosas. Por lo tanto que ellos no sepan dónde están estas personas no tiene sentido".

A pesar de que el Ayuntamiento asegura que salvo que así lo autorice un Auto Judicial, no puede proceder a la exhumación de cadáveres, el historiador asevera que "la Ley de la Memoria Histórica autoriza a que las administraciones, aunque no intervengan los juzgados, puedan intervenir en este tipo de cuestiones". Y continúa: "Estamos hablando de personas que fueron fusiladas legalmente en la época franquista, pero podemos decir que son desaparecidos porque a sus familias no se les consultó dónde iban a ser enterrados".