La mesa de contratación del Ayuntamiento de la capital grancanaria acordó ayer la adjudicación a la empresa Seguridad Integral Canaria del servicio de seguridad y vigilancia de las Casas Consistoriales, las oficinas municipales del Metropole, en León y Castillo, y la Casa del Marino. La vigilancia privada, de la que ahora se ocupan los policías municipales, le costará a la ciudad cerca de 200.000 euros anuales.

El concejal del Partido Socialista Canario (PSC), Alfonso Campoamor, votó en contra de la propuesta de adjudicación, al considerar que la privatización del servicio traerá como consecuencia un "gasto de dinero público innecesario" para la ciudad, que no llevará aparejado una mejora del servicio.

"Este contrato", sostuvo Campoamor, "no garantiza una mejor gestión, o como mínimo igual, que la que ahora realizan los agentes de la Policía Local. La privatización de este servicio", añadió, "genera un gasto innecesario a la ciudad, porque la vigilancia está cubierta" por los guardias urbanos.

El concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, justificó la gestión privada del servicio, asegurando que la vigilancia saldrá más barata, un argumento que rechazó Campoamor, quien consideró que "el Ayuntamiento tiene que pagar de todas maneras a los agentes".

La empresa de Miguel Ángel Ramírez se encargará de la vigilancia de las principales sedes municipales cuando el Gobierno municipal formalice la adjudicación propuesta ayer por la mesa de contratación.

El contrato tiene una duración de cuatro años. El Partido Popular aseguró a finales del pasado año que la ciudad se "ahorraría 291.631 euros al año" con la nueva vigilancia, aunque reconoció que los catorce policías locales que venían realizando hasta ahora esta función permanecerán en el Ayuntamiento, aunque realizarán otras funciones.