La Autoridad Portuaria de Las Palmas zanjó ayer la crisis institucional en la que vivía la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de La Luz y de Las Palmas (Sagep) desde hace 14 días con la suspensión de los acuerdos adoptados en la pasada junta general de accionistas, del 4 de septiembre, en la que La Luz y Luz Market, dos de los tres socios que conforman la sociedad, se aliaron en contra del accionista mayoritario Opcsa- que posee el 47% del capital- para cesar a los miembros del consejo de administración. La Autoridad Portuaria, que cuenta con un consejero con derecho a veto, alega que ha tomado dicha resolución para "garantizar el funcionamiento de la sociedad" y en defensa de los intereses del "puerto, de sus usuarios, de los accionistas y de la libre competencia entre los prestadores" de la estiba.
La Autoridad Portuaria, presidida por Luis Ibarra, se posiciona así del lado de Opcsa, cuyo representante solicitó a la entidad que suspendiera el acuerdo de la junta al día siguiente mismo de celebrarse ésta con el argumento de que la situación resultaba "gravemente dañoso al interés general del puerto".
El consejo de administración de la Sagep volverá a reunirse el lunes con los mismos consejeros como si dicha junta no hubiese tenido lugar, pero el asunto está ya en manos de los tribunales. La Luz y Luz Market solicitaron la convocatoria judicial de dicha junta, mientras que la Autoridad Portuaria tomaba esta resolución con una consulta previa a Puertos del Estado. El litigio podría resolverse en dos meses.
La Autoridad Portuaria no quiso añadir ayer ningún comentario al comunicado que remitió a los medios de comunicación. Fuentes de La Luz Market indicaron, por su parte, que no entienden la postura que ha tomado la Autoridad Portuaria, quien se ha posicionado "a favor de uno de los accionistas" alegando que es para garantizar el funcionamiento de la sociedad "cuando La Luz Market estuvo un año separada de la sociedad y la gestión y luego por un periodo de cinco meses y no pasó nada".
Las mismas fuentes señalan que la Autoridad Portuaria podía haber hecho uso de la potestad que le concede la Ley de Sociedades de Capital de convocar una nueva junta antes de decidirse a "intervenir" en la sociedad. "Desconocemos que otras motivaciones tiene más allá del estatus actual".
Representantes de La luz, el otro socio de la Sagep que solicitó a la Autoridad Portuaria que no precediera a la suspensión preventiva del consejo por considerar que no se encontraba en ninguno de los supuestos del artículo 145 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado del 2011, en el que se indican los casos en los que la Autoridad Portuaria tiene potestad legal para suspender de forma preventiva los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, no quiso hacer ayer declaraciones.
La crisis económica que vive la Sagep ha sido clave tanto para la ruptura de la sociedad como para que los argumentos de la Autoridad Portuaria tuvieran fuerza. La entidad, que se baso en el artículo 145 para defender su causa, entiende que el cese de los consejeros provocaba una "parálisis e inactividad" del principal órgano de administración de la Sagep, conformado solo por "la persona designada por la Autoridad Portuaria" al no nombrarse otros administradores.
Esta situación, calificada de "acefalia" por la Autoridad Portuaria impedía, según ésta, una paralización real de la sociedad "con sus evidentes riesgos" ya que el órgano de administración no podía "actuar ni adoptar decisiones" marcadas en los estatutos y de vital importancia para la empresa. Entre otras, "reajuste del capital social" por la entrada o separación de accionistas, "exigir garantías a socios morosos" y la "fijación de precios" que se ofertan a las empresas.
La Autoridad Portuaria indica que la Sagep tiene problemas de tesorería -hay un accionista que "no se encuentra al corriente del pago", se habían acordado "medidas para la reducción de costes laborales" y no se habían aprobado las cuentas anuales- por lo de seguir en esa situación no se podrían buscar soluciones a la crisis económica. La entidad añade además el interés de la entidad Gramelcan por entrar en la sociedad. Una decisión que planeó en la junta que provocó la crisis y que, por estatutos, debía ajustarse a plazos.
