La consejera de Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ha pedido informes a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios y sus propios servicios jurídicos para decidir qué empresarios se sentarán en el consejo de administración del Puerto. Además, ha constituido, a través de la Dirección General de Comercio, una comisión técnica para resolver la pugna que mantienen las tres cámaras empresariales de la provincia de Las Palmas para ocupar un asiento en el mismo órgano de gobierno de La Luz y en el Consejo Económico y Social de Canarias, en el que estos organismos mantienen un contencioso similar.
Por lo que respecta al Puerto, la disputa empresarial arranca en el pasado mes de octubre, cuando la patronal con representación en el consejo, la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) sufrió una escisión. Su ex presidente, José Juan Rodríguez Castillo, que ostentaba la plaza de consejero, pasó a liderar la Federación Canaria de Operadores Logísticos (Fecol). Rodríguez Castillo ha seguido ocupando el cargo que ha reclamado en los últimos meses el presidente de Fedeport, José Juan Ramos, que llegó a exigirlo al presidente regional, Paulino Rivero.
Poco después, la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques (Asocelpa) aprobaba en asamblea su salida de Fedeport, en la que estaba integrada hasta el pasado mes de abril. Los consignatarios, el colectivo más antiguo y que ocupara plaza en el consejo de la antigua Junta de Obras del Puerto, también hizo pública su voluntad de entrar en el gobierno de la Autoridad Portuaria.
La normativa vigente, que data de 2010, adjudica una sola plaza en el consejo del Puerto a los colectivos del recinto portuario. Ante esta tesitura, Industria, que tiene la competencia de proponer al Consejo de Gobierno de Canarias el nombramiento de consejeros, ha reclamado un informe a la Autoridad Portuaria, que ya ha recibido, para que se acredite el peso y asociados de las tres patronales.
También lo ha hecho ante la Confederación Canaria de Empresarios, que en junio cambió de presidente. Agustín Manrique de Lara sustituyó a Sebastián Grisaleña, que todavía sigue como consejero del Puerto.
La ley también reserva otro asiento en La Luz a las asociaciones empresariales más representativas, y, en principio, según lo que se baraja desde la Confederación, debería ser Manrique de Lara el que pase a ocupar el puesto.
Conflicto
Sin embargo, Luengo precisó ayer que "no tiene por qué ser así". En este punto, recordó que José Carlos Francisco, presidente de la patronal tinerfeña, no está en la Autoridad Portuaria de la provincia vecina. Visto lo complejo del conflicto, en el que los distintos sectores empresariales han ratificado su deseo de estar presentes en el momento en el que se adoptan decisiones como la aprobación de proyectos y adjudicación de obras en el recinto portuario, también ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos, además de a la propia Confederación Canaria de Empresarios, para que de cuenta de sus poderes como colectivo.
Los trámites se han acelerado tras el verano, y la consejera de Industria confía en poder presentar su propuesta de nombramientos al Consejo de Gobierno de la próxima semana. Las diferentes patronales tiene en mente la misma programación, y están al tanto de un desenlace que se ha mantenido en boca de todos en círculos portuarios el último año.
El problema de las cámaras de comercio tardará algo más en resolverse, y dependerá de las conclusiones a las que llegue una comisión "sobre todo técnica", según Luengo. Las de Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura quieren acudir a las sesiones en La Luz, pero la norma sólo les reserva un sillón.
