El Tribunal Supremo (TS) no abrirá juicio oral contra el senador popular por Gran Canaria Borja Benítez de Lugo. La Sala de lo Penal establece que la prueba para enjuiciar al político por supuesta violencia de género es "objetivamente endeble", incluso destacan los tres magistrados que las lesiones denunciadas por su exesposa, Elsa Kaehler, se producen en el "contexto" de un encuentro "buscado" y "provocado", según el auto judicial dictado el pasado martes.

Esa resolución confirma el archivo del procedimiento acordado en julio por el juez instructor, Antonio del Moral, cuya actuación al decretar el sobreseimiento provisional ha sido "modélica", subraya el ponente del recurso, Juan Ramón Berdugo. El magistrado considera que es necesario "evitar la llamada pena de banquillo" al senador, pues el juicio "podría quedar instrumentalizado sobre la base de falsas o temerarias imputaciones".

Y es que la Sala -integrada también por Luciano Varela y Manuel Marchena- presta más credibilidad a la versión de Benítez de Lugo que a la de Elsa Kaehler.

Según el TS, los arañazos denunciados no se derivan de una agresión o de unas lesiones causadas de forma intencionada, sino que son el resultado del forcejeo realizado por el imputado "para zafarse de una situación que él no había provocado y durante la cual se producen inevitables contactos físicos". Los magistrados ratifican que el senador sólo huyó "irritado" al verse sometido a una situación de "tensión", "hostigamiento" y "acorralamiento" en su propia vivienda de la capital grancanaria.

De hecho, según el auto, es la denunciante la que asume la iniciativa de ese encuentro, y acude a la casa que su ex tiene en la capital, acompañada de varios familiares con la intención de discutir la pensión de una de sus hijas. Los magistrados cuestionan el "reiterado temor" que Kaehler asegura tener a su marido, principalmente porque es ella quien asume esa iniciativa y él quien insiste, mediante mensajes de móvil, que los temas conflictivos los traten mediante sus respectivos abogados. Eso y el hecho de que el político abandone su domicilio, "priva de credibilidad a la agresión previa descrita por la denunciante", concluye la Sala.

La Fiscalía apoyó la reapertura del caso, pero el Supremo ha considerado que los indicios existentes no son suficientes para enjuiciar al parlamentario por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Eso cierra la puerta del procedimiento en el Alto Tribunal, pero la acusación particular ha solicitado que la causa se remita a un Juzgado de Violencia de Género por una falta de lesiones, cuya titular deberá decidir ahora si acepta la petición subsidiaria de ese recurso para seguir con el proceso y celebrar un juicio de faltas.