Todos los grupos políticos que se sientan en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria votaron este miércoles a favor de una moción del Grupo Mixto (Compromiso por Gran Canaria y Nueva Canarias) en la que se exige la devolución del dinero que perdió la capital tras el fraude del censo fantasma de Santa Cruz de Tenerife. La moción se aprobó con la inclusión de una enmienda del grupo popular en forma de declaración institucional, firmada también por el grupo socialista, en la que se exige el pago de 6,5 millones que se detrayeron a la ciudad por el aumento fraudulento del número de habitantes de la capital tinerfeña.
En la resolución, la capital grancanaria demanda que esa cantidad se le pague "en el próximo reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal" y censura la "la deslealtad institucional que ha supuesto el comportamiento fraudulento que durante tantos años se ha producido en el tratamiento del padrón municipal de habitantes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife"
La Corporación ha decidido también que el destino de los 6,5 millones de euros que reclama como compensación se debata en una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad.
No obstante, ya adelanta que pretende dedicar esos recursos "a gastos sociales e inversiones públicas clasificadas de servicios sociales, promoción económica y actuaciones en beneficio de la generación de empleo".
La declaración institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expresa el "desconcierto" de todos sus grupos políticos por "la grave actuación de Santa Cruz de Tenerife, durante 16 años", al propiciar "un padrón irreal", vulnerando con ello "la lealtad institucional" y perjudicando al resto de municipios.
La capital grancanaria manifiesta además la necesidad, "sin distinción entre responsabilidades de gobierno o de oposición", de solicitar "medidas correctoras durante los próximos repartos de los fondos económicos, provengan de la administración que provengan", para resarcir a su ciudad por los perjuicios ocasionados.
"La esbozada prescripción de un presunto delito no puede, en ningún caso, suponer una excusa o parapeto para legitimar mediante el silencio un comportamiento que debe ser condenado públicamente de la forma más enérgica y, sobre todo, corregido mediante la restitución económica a los municipios afectados", recalca la declaración aprobada hoy por el Consistorio.
