La relación entre el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, y los responsables de Personal, Claudio Alberto Rivero y José Cabrera, con la secretaria general del pleno, Ana María Echeandía, se vuelve cada día más tormentosa. El último enfrentamiento entre la alta funcionaria habilitada por el Estado -encargada de fiscalizar y garantizar que la actuación municipal cumple la legalidad- y los responsables del Gobierno municipal se ha concretado en una denuncia de Echeandía ante la Junta Electoral de Zona, en la que acusa al coordinador general de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero, de estar "interfiriendo y tratando de condicionar su actuación".

La portavoz del PSOE, Isabel Mena, considera que lo ocurrido forma parte de una estrategia de Cardona que "está intentando aburrir" a la secretaria para que se vaya del Ayuntamiento, mientras que Claudio Rivero reduce éste y otros enfrentamientos a "diferencias técnicas".

Lo cierto es que la alta funcionaria, que no descarta acudir a la Fiscalía, se queja en un escrito remitido a la Junta Electoral el pasado 6 de mayo, de que Rivero ha trasladado a otro departamento a la funcionaria -la vicesecretaria del pleno- que ella designó para preparar el proceso electoral. Es decir, para organizar el envío de las notificaciones a los presidentes y vocales de mesa, la instalación de los colegios y mesas electorales y la custodia de los mismos. Echeandía habla también de los problemas que ha tenido con Rivero para establecer el pago, como remuneraciones extraordinarias, de las horas que los funcionarios tienen que realizar para que el 25 de mayo los electores puedan votar sin problemas a sus candidatos en los comicios europeos. La Delegación del Gobierno estableció una cantidad para gratificar a los encargados de redactar y enviar las notificaciones y custodiar los colegios electorales, pero ésta es insuficiente, por lo que el Ayuntamiento tendrá que hacerse cargo del resto. Finalmente, y tras varios tiras y aflojas, Rivero decide abonar los emolumentos a los funcionarios.

El máximo responsable de personal, por su parte, niega haber interferido en la labor de Echeandía. Afirma que "sólo" cambió de ubicación a la vicesecretaria del pleno, porque "coincidiendo con este proceso electoral, se quedó vacante la jefatura del negociado de Estadística". "Decidí que esta funcionaria ocupara ese puesto, pero el hecho de que no siga en el mismo despacho que la secretaria general no quiere decir que pueda realizar sus funciones en el proceso electoral, igual que hacen otros funcionarios. En absoluto se trata de una injerencia", se defiende Rivero, quien sostiene, en relación con las horas extras que "la única diferencia habida está relacionada con la aplicación de los criterios del Ayuntamiento al pago de las horas extras. No se va a regatear ni una hora extra, pero se pagarán de acuerdo con las normas del Ayuntamiento", asegura Rivero, que no aclara cuáles son dichos criterios.

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