Antes del 2020 los edificios de la ciudad con más de 50 años deberán pasar obligatoriamente por una inspección técnica para conocer el estado de conservación del edificio así como si cumple la normativa vigente en relación a la accesibilidad universal y la eficiencia energética. No lo impone el Ayuntamiento sino Europa. De momento, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria va con retraso ya que no cuenta aún con la ordenanza que regula los requisitos que serán evaluados. Más de 17.000 viviendas de uso residencial colectivo estima el Ayuntamiento que tendrán que ser examinadas.
La Ley 8/2013 sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, publicada el pasado 27 de junio en el Boletín Oficial del Estado, es la normativa que obliga a las comunidades de vecinos de todo el Estado a revisar el estado de sus inmuebles periódicamente. Primero todos los que tengan una antigüedad igual o superior a 50 años y, posteriormente, desde que se obtenga el Informe de Evaluación de los Edificios, que es como así se llama el nuevo documento, cada diez.
El Ministerio de la Vivienda estima que aproximadamente el 55% de las viviendas que hay en nuestro país -25.208.622- se construyó antes del año 1980. Y que 21% de ese parque inmobiliario- 5.226.133- cuenta con más de 50 años.
La norma, que modifica más de 10 leyes, viene justificada por los compromisos que España ha adquirido en Europa y que son conocidos como el paquete 20-20-20 Energía y Cambio Climático. Es decir, los 27 países de la Unión se comprometen a reducir el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, elevar un 20% el consumo de las energías renovables y mejorar la eficiencia energética en un 20 % antes del 2020. Además de incrementar la calidad de vida de todos los ciudadanos haciendo espacios más habitables e integradores tanto en las propias casas como en el entorno urbano.
Los redactores de la ley no ocultan que debido a la crisis y el número de casas nuevas - 723.043- que se han quedado sin ocupar por dicha coyuntura será muy difícil a corto y medio plazo construir nuevas viviendas tal y como se venía haciendo hasta ahora por lo que la rehabilitación parece ser la única vía posible para que la construcción vuelva a ser el motor de la recuperación económica.
Hasta ahora, las comunidades de vecinos podían determinar el estado de conservación de estos inmuebles con la conocida como Inspección Técnica de Edificios (ITE), un instrumento legal que no existía en todos los municipios y que en Las Palmas de Gran Canaria se regulaba en la Ordenanza Especial sobre Conservación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 1997 y que se encuadraba dentro de la mejora urbana de la ciudad y de sus fachadas.
La ordenanza era de obligado cumplimiento en el caso de que las fachadas deterioradas pudieran ocasionar peligro para los viandantes y voluntarias para el interior de los bloques por lo que ésta apenas tuvo operatividad en el municipio.
El segundo intento del Ayuntamiento por regular la ITV surge a raíz del Real Decreto ley 8/11, para impulsar la actividad empresarial a través de la rehabilitación. La nueva ordenanza se demora en el tiempo entre reuniones con los profesionales implicados en la inspección y se paraliza ante el anuncio del Gobierno de España de una ley para cumplir la normativa europea como así ha sido con la ley 8/2013. Mientras, otros municipios de España como es el caso de Madrid o San Cristóbal de La Laguna se adelantaban en la materia.
Inmuebles
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria calcula que unos 17.600 inmuebles de uso residencial colectivo podrían sobrepasar el casi medio siglo de vida. En esta situación estarían algunas de las viviendas del barrio de Schamann, Escaleritas o la Vega de San José, Tamaraceite, Las Rehoyas o Zárate, por poner algunos ejemplos.
La cifra, extraída de la base del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), podría, sin embargo, variar ya que todavía no se ha concluido la lista completa de edificios que están obligados a realizar el Informe de Evaluación de los Edificios.
Solo el antiguo Patronato de Turismo Francisco Franco construyó a partir de 1950 más de 6.000 viviendas en diferentes zonas de la capital y en otros municipios de la Isla. Curiosamente, algunas de estas comunidades de vecinos tuvieron que ser demolidas por su mal estado de habitabilidad por el propio Ayuntamiento cuando éste se hizo cargo en 1993 del Patronato como fue el caso de El Polvorín y Buque de Guerra.
El gobierno municipal no ha elaborado aún la ordenanza municipal donde se establece qué comunidades de vecinos están obligadas a realizarlo, quiénes pueden firmar el informe, qué se debe evaluar en el inmueble así como el régimen sancionador de aquellos que no lo cumplan. Mucho menos las ayudas que pueda otorgar para las reformas.
De momento, baraja una ordenanza aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias, que trata de ajustar a las características de la ciudad, mientras se reúne con los Ingenieros Industriales, Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos Industriales para consensuar la normativa.
Entre las novedades que incluye esta nueva ITV es que también la pasarán los edificios públicos, los ayuntamientos podrán conocer el estado de las viviendas ya que se creara un registro de edificios y las comunidades de vecinos conocerán de forma más exhaustiva el estado de sus inmuebles puesto que se analizará la estructura, la cimentación, los cerramientos verticales y las cubiertas, las instalaciones de luz, agua, gas, refrigeración, ventilación aguas fecales, comunicaciones, protección contra el rayo, entre otras cuestiones.
También el estado de zonas comunes como aparcamientos, piscinas, servicios higiénicos así como la accesibilidad del edificio tanto en el interior como en el exterior así como plazas reservadas para personas con movilidad reducida. En este aspecto, la ley derriba una handicap que hasta ahora tenían muchos vecinos y es que si no había quórum se podía impedir por ejemplo, la instalación un ascensor. Ahora bastará que alguien lo solicite para que la comunidad esté obligada a ponerlo.
La presidenta del colegio oficial de Administradores de Fincas de Las Palmas, Rosario Molina Borja, pide al Ayuntamiento "agilizar la ordenanza" porque es difícil "recomendar" a las comunidades de vecinos hacer revisiones sin conocer qué les van a inspeccionar.
"A las comunidades les cuesta entender que los edificios hay que mantenerlos, que no duran toda la vida. Te dicen es que lo impermeabilizaron hace 10 años, pero es que esa impermeabilizacion no tiene nada que ver con la que hay ahora", indica, mientras subraya que puede que algunos bloques estén haciendo reformas que tengan que volver a repetir cuando salga la ordenanza y se les inspeccione.
Molina asegura que la morosidad es un grave problema "en todas o en muchas" de las comunidades de vecinos de la capital por lo que no será nada fácil recoger derramas para afrontar el coste del informe más el dinero de la reforma si es que la tienen que hacer. "Las cuotas mensuales están entre los 60 y los 100 euros".
Si aplicamos los plazos que ha establecido la Federación de Municipios, la capital debería tener revisados a finales de 2014 todos los edificios anteriores a 1943.
