Las constructoras que ejecutaron la segunda fase del dique de La Esfinge reconocieron en el expediente de la obra que cobraron de más por las piezas de tres toneladas colocadas en la construcción del dique. Y, en consecuencia, solicitaron una revisión "a la baja" de lo liquidado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas por este concepto. Así se refleja en el informe jurídico emitido por Puertos del Estado para evaluar el desarrollo de un proyecto adjudicado en 2007 por 46,3 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero, en el que ha detectado graves irregularidades técnicas y contables. La auditoría insiste en "la conveniencia de profundizar, más allá de la respuesta a la reclamación del contratista, sobre las circunstancias que permitieron semejante resultado".

Puertos del Estado desestima una reclamación de 12,5 millones de euros de la UTE por obras ejecutadas no amparadas en el contrato inicial, al entender que las empresas dieron su consentimiento en la liquidación final del proyecto. Pero, de forma "subsidiaria" entra en el detalle de la demanda. En uno de los apartados, relativo a los pagos por la totalidad del material vertido en el dique exterior de La Luz, observa que la contrata "solicita una revisión a la baja de la medición reconocida" en lo que atañe a los bloques de tres toneladas en la escollera de La Esfinge, concebida inicialmente como una "segunda capa de filtro del dique en talud".

Así, "el propio contratista reconoce que no ha colocado la cantidad abonada en la obra", 151.672,94 toneladas de piezas de tres mil kilos. Lo empleado, a tenor de lo que refleja el informe jurídico de Puertos del Estado, fueron "solamente 85.236 toneladas".

Por este motivo, la UTE "en su reclamación" solicita la referida revisión de lo que fue pagado al final de la obra, siempre en lo que atañe exclusivamente a estos elementos de tres toneladas de peso (los aumentos en la liquidación final los solicita por otros conceptos diferentes a estas piezas).

El jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, que firma la auditoría, alude a su vez a dos elementos de prueba para evaluar este punto, además de lo argumentado por las constructoras. De un lado, se remite a un informe de sus propios técnicos, de 19 de febrero de 2014, en el que se señala que "el filtro primario del dique tiene unas dimensiones significativamente menores de lo estimado en proyecto". Un hecho que "se uniría a la previsible falta de filtro secundario", aspecto que "podría tener impacto en la durabilidad del dique".

Pero Fomento afina aún más en su dictamen, al incluir a un vídeo de inspección submarina grabado el 7 de mayo de 2009 que "evidencia la inexistencia de ambos filtros, tanto del de tres toneladas" como otro formado por piezas de 200 kilogramos, "tal como recogía el proyecto contratado".

Así, se "justificaría una reducción en la medición de esta partida de en torno al 40 o 50% de lo recogido en el proyecto, tal como plantea la UTE".

Es en este contexto en el que Puertos del Estado observa una "irregular actuación administrativa llevada a cabo por la Autoridad Portuaria", por abonar una cantidad superior a lo que correspondería en piezas de tres toneladas efectivamente colocadas en la obra.

Estos elementos no son los únicos que se analizan en la evaluación del conjunto de materiales colocados en la obra. En lo que se refiere a la aludida escollera de 200 kilos la pieza, la asistencia técnica del proyecto, que entre 2008 y 2009 desempeñaron las empresas Intemac y Trama Ingenieros, se expresa que la contrata "no ha empleado el material prescrito en el proyecto". Y que el efectivamente utilizado "era todo uno".

La asistencia técnica expone que esto sucedió sin que la Autoridad Portuaria de Las Palmas "adoptara ninguna medida para poner fin a esta situación", y que finalmente el todo uno se "abonó" como si fueran elementos de 200 kilogramos. Para Puertos del Estado, "la gravedad de esta actuación requiere que se ponga en conocimiento de quien corresponda para depurar responsabilidades". Si bien añade un matiz: "no existe una orden" del Puerto para cambiar unos materiales por otros.

La auditoría de Fomento especifica también la reclamación de la UTE en lo que atañe a la colocación de otros elementos de 2,5 toneladas, por los que reclama un aumento en los pagos de 8.543 euros. La constructora argumenta que depositó 9.558 toneladas de estos materiales, algo "muy inferior a lo prescrito en el proyecto", que eran 61.625 toneladas, según Puertos del Estado.

De este modo, y según la evaluación de los técnicos de la administración central, se considera que "la cara delantera de la banqueta de cimentación no está debidamente protegida", de tal forma que "existe la necesidad de completar estas obras por razones de seguridad y estabilidad".

Conclusiones

Como conclusiones finales en este apartado de los materiales, el informe jurídico de Fomento expone que las constructoras "han incumplido la obligación fundamental fijada en el contrato de realizar la obra de conformidad con lo convenido en los documentos contractuales", e incluso que "no ha tomado en cuenta las reglas básicas de su profesión, lo que es sinónimo de negligencia e impericia". Así, considera que la Autoridad Portuaria "puede invocar la excepción de falta de cumplimiento" por parte de la contrata.

No obstante, incide en las "irregularidades" por parte de la administración, al reiterar que el Puerto "no ha adoptado las medidas oportunas para evitar que la UTE modificase los términos del proyecto en cuanto al material vertido", así como al "reconocer en la liquidación conceptos de material que no se corresponden con la realidad de la obra".

Si Fomento no aplica la doctrina del enriquecimiento injusto en el que habría incurrido el Puerto es porque "no existe prueba" de que dichas modificaciones obedezcan a una orden suya. Con todo, estima que la administración debería reclamar a la UTE 785.208, 46 euros por este capitulo.