Las constructoras que ejecutaron la segunda fase del dique de La Esfinge, el muelle exterior del Puerto de Las Palmas, reclaman a la Autoridad Portuaria el pago de una obra complementaria que la administración adjudicó luego a otra empresa. El informe jurídico elaborado por Puertos del Estado para evaluar el desarrollo de estos trabajos en La Esfinge reconoce la realización de vertidos de escollera "que ocuparía" una rampa ro-ro en este punto del recinto, para el atraque de los ferris de pasajeros. Esta actuación fue contratada por el Puerto "de manera independiente a otra constructora", por lo que el organismo vinculado a Fomento establece que La Luz "debe verificar que el material puesto en obra no se certifique y abone dos veces".
La auditoría firmada por el jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, que desestima una reclamación de 12,5 millones de euros de la UTE por la realización de trabajos no contemplados en el contrato original, evalúa no obstante, punto a punto, los apartados objeto de la demanda. La contrata (Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero fueron designadas en 2007 adjudicatarias de la segunda fase de La Esfinge por 46,3 millones de euros) solicita un incremento por "vertidos de escollera en la zona que ocuparía la banqueta de cimentación de la rampa ro-ro", que actualmente utilizan para su atraque los ferris de Naviera Armas.
Para ello, aportan unos documentos que el informe de Puertos del Estado cataloga como "claros indicios de prueba" de que "estos vertidos se realizaron con el consentimiento y conocimiento de la Autoridad Portuaria".
Papeles que consisten en "planillas de obra", resúmenes diarios de tiques de báscula suscritos por el vigilante de la obra del Puerto o partes de obra de los vigilantes en los que se hace constar "expresamente la colocación de material de cantera en la zona de la banqueta del tacón ro-ro". Esto es, Roll On-Roll Off, término que alude a los buques que transportan carga rodada, ya sean automóviles o camiones, y a las rampas que permiten su embarque y desembarque.
Evidencia
En Fomento se entiende que, por este capítulo concreto, "procede abonar estos trabajos", porque "si bien no consta un consentimiento explícito de la administración, resulta evidente que conoció la realidad y, en consecuencia, pudo y debió manifestar su oposición a la obra".
Sin embargo, y en consonancia con lo ya apuntado por Puertos del Estado respecto a otros apartados de la obra, se apunta que el material vertido "responde claramente al concepto de todo uno", de peor calidad, por lo que el Puerto debería pagar a las constructoras 141.553,30 euros.
El informe recalca, como conclusión, la "gravedad de los hechos", al relatar que "la unidad de baqueta de escollera se encontraba recogida, con una medición prácticamente idéntica a la que ahora reclama la UTE de la segunda fase del dique de La Esfinge, en otro proyecto que fue contratado de manera independiente a otra empresa constructora. En concreto, a Construcciones Cristóbal Ortega, a la que el consejo de administración del Puerto adjudicó esa actuación el 10 de mayo de 2011, por un importe de 616.313,58 euros.
Así, la auditoría subraya que la Autoridad Portuaria de Las Palmas "debe verificar que el material puesto en obra no se certifique y abone dos veces, una vez con cargo al contrato de la segunda fase de La Esfinge, y otra con cargo al contrato de rampa ro-ro".
La rampa en cuestión es sólo uno de los nueve capítulos que analiza el informe jurídico de Puertos del Estado en torno a la reclamación de las constructoras. Éstas piden 12,5 millones de euros a la Autoridad Portuaria de Las Palmas por actuaciones no contempladas en el contrato original. El dictamen del organismo dependiente de Fomento señala, como conclusión principal, que la contrata "prestó su conformidad y consentimiento de forma expresa" al contenido de la liquidación final "sin formular ningún reparo u objeción", por lo que "no procede su reclamación".
Compensaciones
Sin embargo, Puertos del Estado comienza a evaluar cada uno de los apartados por los que reclaman la revisión las compañías que ejecutaron la obra. Por unos, reconoce que el Puerto debería compensar a la UTE con una cantidad extra. Pero por otros, estima que es la Autoridad Portuaria la que debe reclamar a las compañías una devolución. Se analizan cuestiones como los vertidos en la escollera, el hormigonado del espaldón, los bloques colocados en la obra y su correspondencia con lo efectivamente construido en el dique o la mencionada rampa ro-ro, además del conjunto de materiales evaluados en el desarrollo del proyecto.
Del informe se desprende un saldo favorable al Puerto de 1,2 millones de euros, a reclamar a las compañías. Además, Fomento insta a la Autoridad Portuaria a "depurar responsabilidades". En este sentido, cabe recordar que La Luz ha abierto un expediente informativo a cuatro de sus técnicos, que se abordará en el consejo de administración del 10 de noviembre.
