El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, presentó ayer a la Comisión Europea, en Bruselas, el borrador de decreto ley con el que el Gobierno pretende liberalizar el sector de la estiba. La medida responde a la sentencia que el Tribunal de Luxemburgo emitió el pasado 11 de diciembre, que consideró la legislación española contraria a los principios fundacionales de la Unión Europea de libertad de asentamiento de las empresas y libre circulación de trabajadores, al imponer a las compañías la obligación de adscribirse a una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagepo, la antigua Sestiba) y contratar a su personal.

Fuentes próximas a Puertos del Estado calificaron la reunión como "constructiva", en la hoja de ruta impuesta por Bruselas para que España cambie su actual regulación. Un modelo en el que los estibadores pertenecen a un pool que gestiona cada Sagep en los muelles del Estado. El borrador del decreto ley, cuyo contenido filtró la semana pasada el medio especializado Naucher Global, contempla la disolución de las sociedades gestoras y, en consecuencia, la baja de los trabajadores, que podrán ser reinsertados con carácter fijo a nuevos Centros Portuarios de Empleo, o contratados en el mismo régimen por cualquier empresa del sector. En caso contrario, serían despedidos e indemnizados a razón de veinte días por año trabajado.

Esta reforma puso en pie de guerra a los estibadores del todo el Estado. Y la patronal nacional Anesco ( Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) llegó a denunciar una "huelga encubierta" en distintos recintos del país, incluido el de Las Palmas. Los sindicatos convocaron una reunión de urgencia en Madrid, el pasado viernes, en la que decidieron paralizar cualquier medida de presión hasta mantener un encuentro con la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Cita que tendrá lugar este jueves, y en la que también estará representada Anesco. Allí, Pastor expondrá el borrador de decreto ley, con la "voluntad de negociar" entre las partes, pero igualmente con el mensaje de que la reforma legal es inevitable, a tenor de lo expresado en la controvertida sentencia del Tribunal de Luxemburgo, según se entiende en Puertos del Estado. La nueva ley española marcará una pauta en Europa.