Después de la alarma, la ministra de Fomento, Ana Pastor, realizó una llamada a la calma entre los estibadores portuarios. Ocurrió el pasado jueves, para cerrar poco más de una semana de intensa preocupación en los puertos españoles. Especialmente, entre sus trabajadores, los encargados de llevar a cabo las operaciones de carga y descarga de las mercancías. Una filtración había desvelado el plan de Puertos del Estado para adaptar la normativa nacional a lo emitido por el Tribunal de Luxemburgo el pasado 11 de diciembre: se desmontaban las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (la antigua Sestiba, hoy, Sagep), y sus 7.000 trabajadores pasaban a nuevos Centros Portuarios de Empleo, o cualquier compañía en el mercado. O eran liquidados a razón de veinte días por año trabajado.
Saltó la alarma entre los sindicatos, que, sin embargo, no recibieron el mismo mensaje de Pastor. El Gobierno trata de evitar fuertes conflictos en los muelles en un largo año electoral. Pero en el caso concreto de Las Palmas, un año puede resultar demasiado tiempo para pelear en un negocio en el que pierde margen ante sus nuevos competidores.
La ministra prometió ante el sindicato Coordinadora, y junto al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que no habría propuesta que se defendiera ante la Comisión Europea sin el consenso de los portuarios y la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco). Aunque Llorca había presentado el lunes, en Bruselas, un borrador que suponía un drástico cambio en la regulación vigente en España.
La polémica sentencia señaló que la misma contraviene los principios fundacionales de la Unión Europea de libertad de asentamiento de las empresas y circulación de trabajadores, al obligar a las compañías estibadoras a adscribirse a una Sagep y contratar a su personal para poder operar en el sector. Incluso sugería fórmulas como agencias de empleo temporal para resolver las necesidades de personal del sector privado.
Hoy, las Sagep, privatizadas porque así lo impuso la ley española en 2011, tiran de un pool de estibadores, en el que todos los trabajadores prestan sus servicios a las empresas asociadas, y tienen una garantía de continuidad en su contrato, así como un salario mínimo garantizado al mes. Lo que Llorca presentó en Bruselas (un artículo único con disposiciones adicionales y transitorias que marcan las pautas de su futura aplicación) fue su disolución. Desde el propio organismo público se calificó de "muy constructiva" la reunión con el director general de Transportes de la Comisión Europea, Dimitrios Theologitis. A ojos de la UE, España se movía para liberalizar el sector, tal como se esperaba.
Aunque los días previos a la reunión no fueron sencillos. El medio especializado Naucher Global filtró los contenidos de la reforma de la Ley de Puertos del Estado, y los estibadores, de forma instantánea, se alzaron en pie de guerra. Esa fue, al menos, la denuncia de Anesco, que dio a conocer huelgas de celo en los muelles de Algeciras, Sagunto, Castellón, Valencia, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Los trabajadores se movilizaron en asambleas en la mayoría de los recintos del país, y convocaron una cumbre nacional, en Madrid, en la que acordaron no ir a la guerra hasta escuchar a Pastor, la ministra que les había prometido en noviembre que el Gobierno no movería ficha sin consenso. Algo que, en efecto, reiteró a los sindicatos el mismo jueves.
La reforma legal debe, en principio, estar acabada en abril. Aunque la intención que no se oculta dentro de Fomento es la de prolongar lo máximo posible el periodo de negociaciones con los portuarios a lo largo de un ejercicio con dos elecciones a resolver: las autonómicas y locales de mayo, y las generales, en noviembre. Huelgas, manifestaciones y descensos de rendimientos en los muelles serían algo difícil de sobrellevar para el Ejecutivo central, especialmente cuando los puertos españoles mueven el 80% de las importaciones y el 70% de las exportaciones del Estado. La posición política de los gestores del Partido Popular no sería la única comprometida con los eventuales paros: también la coyuntura económica del país.
El plan de Fomento pasa por solicitar aplazamientos de la reforma a Bruselas y transmitir, entre tanto, una imagen conciliadora de diálogo con los portuarios. Un colectivo tradicionalmente fuerte, con unas sólidas bases, y cuyas protestas se han escuchado con fuerza a lo largo de la Historia. La patronal, que reconoce que estos momentos son "determinantes para el futuro del sector", defiende el mantenimiento de un clima de normalidad ante sus asociados, para que su actividad no se vea afectada en el proceso negociador.
Pastor ha conseguido esa calma, ante todo, momentánea. No ha trasladado borrador alguno a los estibadores, que, por su parte, preparan sus propias propuestas. Como Anesco. Así, sólo Europa conoce de forma oficial la revolucionaria reforma que defendió Llorca. El compromiso del Ministerio es el de establecer una mesa de negociación tripartita, con reuniones semanales, en la que ir dialogando sobre el futuro marco legal. Y parece no haber prisa en obtener resultados al respecto.
Las navieras, que mueven los barcos con las mercancías, permanecen a la expectativa. Y lo mismo las compañías estibadoras, eso sí, con afán de reducir sus costes. Ese paso, la bajada de los salarios, era el que estaba a punto de abordarse en el recinto de la capital grancanaria, uno de los más potentes en el movimiento de contenedores en toda España, junto a Valencia, Barcelona o Algeciras. La Luz ha sido en el presente siglo una parada estratégica en el tráfico de containers entre el Norte (Europa) y el Sur (África y Sudamérica), llegando a superar los 1,3 millones de TEUS al año. El 2014, sin embargo, lo cerró a la baja, rozando apenas el millón.
Esa caída progresiva del tráfico se ha asociado a distintos factores. Uno de ellos, el elevado nivel de litigiosidad que han mantenido las empresas y el Puerto en el seno de la antigua Sestiba, finalmente reconvertida en sociedad privada en 2011. Justo a finales del año pasado la Autoridad Portuaria de Las Palmas cerraba con la Sagep (cuyos socios son las compañías Opcsa, La Luz y La Luz Market) un acuerdo histórico, en el que las partes daban carpetazo a los procedimientos judiciales abiertos, y se ratificaba el plan de viabilidad económica de la gestora.
Los intereses empresariales de figuras de la relevancia de Javier Esquivel (Opcsa), Vicente Boluda (La Luz) y Germán Suárez (La Luz Market) confluían con el equipo de gestión de Luis Ibarra en la administración portuaria. De un lado, el Puerto veía reconocido su derecho de cobrar los avales de un préstamo bancario de ocho millones de euros concedido por La Caixa a la Sagep (los tribunales ya le habían dado la razón). De otro, La Luz Market volvía a formar parte de un consejo de administración del que salió por disputas internas. La estibadora también retiró los pleitos en los que ya se habían determinado que las cuentas de la Sagep no se correspondían con su imagen fiel antes de su privatización. Y todas las empresas se comprometían a seguir pagando una cuota fija como mecanismo para reducir la deuda histórica de la gestora, que en 2007 estaba por encima de los 20 millones de euros y que actualmente se ha reducido a los 14.
La sociedad se disponía a abordar un anunciado ajuste salarial, de entre el 20 y el 30%, de sus estibadores, actualmente 469. Los sindicatos ya advirtieron de que no aceptarían ninguna medida que no garantizara un aumento del tráfico. Pero llegaron a amenazar con la huelga si las compañías no cerraban "de una vez" el anhelado acuerdo. Su posición parecía más flexible que nunca. Todo, en un contexto en el que el muelle portugués de Sines ya mueve 1, 2 millones de contenedores al año. Y el recinto marroquí de Tánger Med, más de tres millones.
En el mismo escenario, Ibarra escuchaba hace unos días en Ginebra cómo los altos directivos de Mediterranean Shipping Company (MSC, que mueve en torno al 60% del negocio en La Luz) expresaban una exigencia ineludible para este año: la bajada de los costes, para seguir operando en Las Palmas y no trasladar su tráfico a otros puertos de los alrededores. Y eso que la naviera estaba satisfecha con la bajada de tasas de ocupación del muelle practicada a partir de este mismo año por parte de la Autoridad Portuaria.
Así, mientras en otros puertos españoles las compañías estibadoras han comenzado incluso a tantear la posibilidad de constituir los primeros Centros Portuarios de Empleo, la Sagep en La Luz no ha movido ficha. Una larga negociación colectiva que se prolongase durante 2015 podría mermar sus posibilidades de negocio en mayor medida que en otros muelles del Estado, donde tienen un tráfico, en cierta medida, con mayores garantías de permanencia.
El presidente del Puerto, Luis Ibarra, calificaba de "mala noticia" el conflicto a nivel nacional. Las empresas de La Luz temennegociar condiciones laborales menos ventajosas que las de la futura reforma, aunque han guardado un prudente silencio hasta la fecha. Y los estibadores están ahora centrados en lo que se habla en Madrid, si bien el tinerfeño Antolín Goya, portavoz del sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, convenía en que los muelles canarios, y Las Palmas, en particular, tenían más que perder en un escenario de movilizaciones.
Quizás no tengan tanto tiempo para reaccionar y competir no sólo con Algeciras, sino con Sines, Tánger Med y nuevos muelles en el Golfo de Guinea que aspiran a captar tráficos desde Europa, como el de Lomé, en Togo, que recién acaba de empezar a funcionar. Después de años de conflictos internos, sellada la paz con los trabajadores y con la administración, el sector en Las Palmas permanece atónito a unos acontecimientos que superan su radio de acción.
