03 de marzo de 2015
03.03.2015

Cardona asume las tesis de Emalsa y niega "vertidos incontrolados"

El alcalde afirma que el agua está limpia desde hace "año y medio"

03.03.2015 | 01:00

El alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, asumió ayer las tesis de la compañía mixta Emalsa al asegurar que las aguas del litoral capitalino, entre el Teatro y el castillo de San Cristóbal, están libres de "vertidos incontrolados". Según el regidor, los informes que manejan el Fiscal de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número 3, que coinciden en asegurar que hay un problema grave de contaminación en la zona por la existencia de derrames continuos de aguas negras sin depurar o deficientemente tratadas, se refieren a lo que pasó "hace año y medio".

Por su parte, Germán Santana, candidato a la Alcaldía de Izquierda Unida Canaria (IUC), aseguró no entender por qué el Ayuntamiento rechaza la existencia de una contaminación continuada en el litoral sobre la que advierten técnicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Seprona, el Instituto Toxicológico de Sevilla y el Gobierno canario, según consta en el sumario del proceso que dirige el Juzgado de Instrucción número 3.

"Esos informes", rebatió Cardona, "datan de hace año y medio, que fue cuando el Ayuntamiento intervino en el asunto. Frente a la pasividad que algunos pudieron tener en el pasado, este Gobierno ha actuado para detenerlos y las aguas del litoral ya no tienen esos vertidos incontrolados que tenían hace muy poco tiempo".

El alcalde añadió que durante los últimos tres años, Emalsa ha estado sistemáticamente en los medios de comunicación como consecuencia de "las iniciativas que ha tomado el Gobierno municipal, dirigidas a extremar y a mejorar el control de los servicios que presta la compañía". Indicó que todas estas iniciativas culminaron en la "intervención" administrativa de la empresa, con el "objetivo de controlar mejor la compañía para que preste mejor el servicio". A su juicio, él no tiene que responder de las "responsabilidades políticas del Gobierno anterior, sino de lo que estamos haciendo". En ese sentido, aseguró no entender la petición de dimisión del concejal de Aguas, Martín Muñoz, que ha exigido Izquierda Unida.

"Frente a la negligencia que algunos pudieron tener en el pasado, este gobierno ha actuado con total diligencia para hacer desaparecer los vertidos incontrolados al litoral", dijo el regidor, quien rechazó también la solicitud de remunicipalización de la compañía a coste cero, que ha realizado IUC.

Germán Santana consideró una irresponsabilidad que el Gobierno municipal rechace los estudios de técnicos de cuatro instituciones que evidencian que la contaminación no es un problema puntual. "La persistencia de algas verdes en las rocas del litoral reflejan que sigue habiendo vertidos. Hay gente que está pescando en esa zona y comiendo ese pescado y el Ayuntamiento no hace nada. Los vertidos ponen en peligro nuestra salud", advirtió Santana, quien consideró que hay "diez razones" para remunicipalizar la compañía, cuyo 66% está en manos privadas.

El dirigente de IUC, cuya denuncia provocó la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente y el proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número tres, señaló que, además del " grave problema medioambiental y de salud pública" que suponen los vertidos y los malos olores que sufren los barrios cercanos por el mal funcionamiento de la depuradora, está la "sobrevaloración del local de Los Tarahales perteneciente a Seguridad Integral Canaria, que no es casualidad que su propietario sea donante del PP".

También se refirió a las "denuncias del comité de empresa sobre el inflado de facturas y externalización de servicios; el exceso de boro en el agua en 2010; el alquiler de la sede a precios usurarios, que acaba de ser reducido, a Satocan que forma parte del consejo de administración; las retribuciones complementarias de los directivos y el aumento del precio del agua, que es la cuarta más cara del país. La gente paga también por una depuración que no se hace". IUC denunciará esta semana a Emalsa en la Comisión Europea por un delito contra la salud pública y el medio ambiente.

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