El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, instó a los principales actores de la carga y descarga en el muelle, las compañías estibadoras, a "llegar a un acuerdo pronto", para abaratar los costes y garantizar el tráfico de sus principales clientes en el sector. Ibarra aseguró que "el Puerto no puede esperar más", ante la competencia que presentan otros recintos del entorno, como los de Sines (Portugal) o Tánger Med (Marruecos), y las exigencias de navieras como MSC, que mueve más de la mitad del tráfico de contenedores en La Luz y que demanda precios más bajos para sus escalas este mismo año.
El mandatario reaccionaba así a la parálisis en las negociaciones por abordar en el Puerto de la capital grancanaria, en donde las empresas de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (la Sagep, antigua Sestiba), aguardan a que el Estado aborde una reforma legal demandada por Europa. Las compañías, tras cerrar años de pleitos cruzados a cuenta de la privatización de la gestora (en 2011, por imperativo de la ley) estaban a punto de negociar un ajuste salarial con los trabajadores, cuando una sentencia del Tribunal de Luxemburgo condenó al modelo español de la estiba al considerar que atentaba contra los principios fundacionales de la Unión.
El fallo, de 11 de diciembre, estimó que la regulación de España era contraria a la libre circulación de empresas y trabajadores, al obligar a las estibadoras a adscribirse a una Sagep y contratar a su personal de forma obligatoria. En consecuencia, el Gobierno preparó un borrador de decreto ley con el que contentar las exigencias de Bruselas: una reforma en la que se eliminaban a las Sagep y se daba de baja a su personal, que podría ser absorbido por nuevos Centros Portuarios de Empleo o cualquier otra firma del sector. O bien los trabajadores eran liquidados a veinte días por año trabajado.
Eso fue lo que presentó el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ante la Comisión Europea hace poco más de una semana. Pero el pasado jueves, la ministra de Fomento, Ana Pastor, trasladaba otro mensaje a los sindicatos y la patronal: no se llevaría a Europa ningún texto no consensuado. Pastor ni siquiera presentó a los estibadores el borrador del polémico decreto ley.
La intención del Gobierno es la de eludir una confrontación seria con un colectivo como el de los estibadores, justo en un año electoral (las elecciones generales son en noviembre; las autonómicas, en mayo). En este contexto, la consigna parece ser la de preparar aplazamientos ante la Comisión Europea, que exige una nueva ley.
Perjuicio
El escenario "perjudica, sobre todo, a La Luz, porque este Puerto cae el primero", en palabras de Ibarra. El presidente de la Autoridad Portuaria subrayó que "tenemos que avanzar independientemente de lo que pase con Puertos del Estado". El organismo público de Fomento ha pactado un calendario de negociaciones con los sindicatos, que ahora están más centrados en cómo quedará la figura del estibador en el nuevo marco legal. Las compañías que forman la Sagep en Las Palmas tampoco quieren negociar condiciones peores que las que eventualmente impondría una nueva norma.
Por este motivo, no se ha abordado el anunciado paso de ajuste de costes: la reducción salarial, que llegó a anticiparse entre el 20 y el 30% hace un año.
"Fuimos capaces de dar un gran paso", recordó Ibarra, en alusión al pacto entre las empresas (Opcsa, La Luz y La Luz Market) con la propia Autoridad Portuaria para retirar las denuncias judiciales por las cuentas de la gestora antes de su privatización. "Ahora", añadió el presidente, "lo que necesitamos es un avance en los costes, es lo que hace falta, para poder incentivar nuevos tráficos". En este sentido, comentó que menos costes "es lo que nos pide MSC para no mover sus barcos a puertos portugueses o italianos".
El propio Ibarra se trasladó hace apenas unas semanas a Ginebra (Suiza) para mantener un encuentro con los altos directivos de Mediterranean Shipping Company (MSC), uno de los gigantes del mercado del movimiento de mercancías por mar. La compañía gestiona entre el 50 y el 60% de los contenedores que pasan por La Luz: es su cliente principal, y uno de los mayores operadores en la región atlántica en la que se encuentran las Islas. Ya hace dos años el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se comprometió con la naviera a ofrecer unos incentivos en forma de rebaja en las tasas de ocupación por las descargas, que ha entrado en vigor este mismo año. Y procurar una paz social entre las empresas del sector que, efectivamente, se firmó a finales del pasado año.
Pese a que la naviera ha reconocido a los emisarios de La Luz las mejoras para propiciar un marco de negocio más amable en el recinto portuario de la capital grancanaria, vino a reiterar su mensaje en torno a una necesaria bajada del precio que tienen que pagar por mover sus contenedores en el muelle: una cantidad en la que también se incluye el salario de los estibadores.
Los trabajadores de Las Palmas, lejos de inhibirse en el conflicto mantenido entre las compañías, llegaron a presentar un preaviso de huelga si las empresas no firmaban "de una vez" el anhelado pacto para retirar los pleitos abiertos. Algunos de los cuales, con sentencias emitidas en primera instancia, que incluso apuntaban a que las cuentas de la Sagep antes de su privatización no respondían a su imagen fiel.
Eso sí, la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios advirtió de que no aceptarían rebajas salariales si no se garantizaba un aumento de la actividad, algo que desde la gestora se indicó que no se podía asegurar, porque el movimiento de mercancías no dependía enteramente de sus capacidades.
Es en este punto donde se emitió la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que impone una reforma legal sin visos de aprobación en el año en curso. Al menos, por parte del Gobierno central. Ibarra exige que en La Luz el diálogo se produzca sin mirar a Madrid.
