El exdirector general de Protección a la Naturaleza del Gobierno de Canarias José Fernández prestó ayer declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo le ha denunciado por prevaricación al informar a favor del complejo medioambiental de Salto del Negro sin tener en cuenta a los técnicos de Salud Pública. De ahí la citación de Fernández, que defendió la concesión de la autorización medioambiental integrada para acabar con la contaminación "salvaje" y "tercermundista" del antiguo vertedero, según su declaración ante el magistrado Tomás Martín.
El técnico restó importancia al informe de Salud Pública. En concreto dijo que ese dictamen lo pidió su antecesor en junio de 2010, pero Sanidad lo emitió en 2012, cuatro meses después de haber informado a favor del permiso solicitado por el Cabildo para abrir un nuevo vaso de vertido, entre otras infraestructuras. Salud Pública no emitió el dictamen a tiempo porque pidió sin éxito más datos para evaluar la proximidad de las viviendas, algunas a menos de 300 metros, y advirtió del riesgo potencial a la salud de las personas.
Sin embargo, Fernández considera que todo el proceso es correcto, entre otros motivos porque el informe de Salud Pública no es preceptivo, es decir, se puede prescindir de él para otorgar el permiso. El técnico admitió que le hubiera gustado contar con la colaboración del departamento sanitario, pero desconoce por qué los técnicos no informaron a tiempo. El dictamen salió a la luz cuando la Fiscalía abrió diligencias de investigación y fue aportado directamente al Ministerio Público tras las gestiones realizadas por los vecinos afectados (en la causa penal se han personado ocho colectivos como denunciantes, representados por el abogado Fernando Hernández).
En cambio, pese a la presión vecinal para cerrar el vertedero, Fernández entiende que el reparo de Sanidad sobre la falta de información era una cuestión formal, una especie de latiguillo sin importancia que incluyen en todos los informes. Es más. Asegura que nadie de ese negociado le llamó o le transmitió preocupación sobre la cercanía de las casas y la necesidad de evaluar el riesgo potencial a la salud de los ciudadanos.
El técnico reconoce que se trata de una instalación "potencialmente contaminante", pero precisamente por eso se han impuesto unos requisitos muy estrictos de gestión que debe cumplir la concesionaria del complejo. Son 14 condicionantes que afectan a los límites de dióxido de carbono y de metano que se pueden emitir, al control de la nueva celda de vertido y su balsa de lixiviados, al olor, al ruido o a la separación del agua residual, entre otros aspectos. "Estoy tranquilo porque la planta no emite ningún contaminante tóxico", sostuvo en su declaración judicial.
El exdirector de Protección a la Naturaleza entiende que no existen riegos para la población si el promotor cumple las condiciones impuestas por la COTMAC en la evaluación de impacto ambiental, cuyo garante último es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. El técnico asegura que los gases emitidos no son tóxicos, incluso comparó el CO2 emitido con el de los coches. También entiende que los olores se ajustan a los parámetros europeos.
En ese sentido, Fernández señaló al viejo vertedero como el causante de las molestias actuales que sufren los vecinos. El técnico rechaza que las reacciones alérgicas y las bronquitis detectadas estén relacionadas con la nueva instalación, sino con el antiguo vaso de vertido y la basura que sigue acumulada en él tras su cierre, pues los complejos medioambientales modernos se construyen para acabar con ese problema "tercermundista" de contaminación "salvaje", asegura. La gestión de ese vetusto recinto también fue denunciada por la Fiscalía de Medio Ambiente y es investigada en otro juzgado de la capital grancanaria.
