La Ley 18/2014 propone algunas medidas concretas para los puertos españoles con el fin de incrementar la actividad económica y la competitividad de dichas instalaciones. Entre ellas, la ya mencionada de ampliar las concesiones demaniales de 35 a 50 años y conceder prórrogas extraordinarias además de crear un Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y de poder utilizar las infraestructuras en desuso para uso hotelero o de albergue con el fin de preservar ese patrimonio para la posteridad. El abogado asociado senior de PwC en Las Palmas, Pablo Navarro, señaló que la ley, en realidad, a quien beneficia es a la Administración, porque "consigue tener clientes durante más largo tiempo y unos ingresos más estables con la tasa de ocupación y de la tasa de actividad además de los requisitos económicos que impone para otorgar una concesión o una prórroga". La medida no favorece tampoco a las empresas que quieran instalarse en las instalaciones portuarias, ya que, al ampliarse el tiempo de las concesiones, no se favorece la entrada de nuevas compañías. LA PROVINCIA
