Las empresas concesionarias de suelo en La Luz que quieran acogerse a una ampliación o prórroga de la parcela pública tendrán que analizar muy bien los pros y contras que supone la petición tras los cambios efectuados en la ley de Puertos, con la aprobación de medidas urgentes para incrementar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de la economía españolas, recogidas en la norma del 18/2014. Si bien se incrementan los plazos existentes hasta ahora en dicha materia, las concesiones y prórrogas no serán gratuitas en términos económicos para las compañías. Esta es una de las cuestiones que se pusieron ayer sobre la mesa durante la Jornada de Derecho Portuario que se celebró en el hotel Santa Catalina, organizada por la consultora PwC, en colaboración con Fedeport, Fundación Puertos del Estado y el periódico LA PROVINCIA/DLP; y a la que asistieron tanto abogados como directivos y representantes de compañías.
Expertos en derecho y en economía analizaron en profundidad la nueva normativa que, si bien es ventajosa porque amplia la estancia de las empresas en suelo portuario, - las concesiones pasan de 35 a 50 años y las prórrogas a un máximo de 75 años - éstas tienen como desventaja que están condicionadas a que sean para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, así como que supongan la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementen la competitividad, entre otros requerimientos, lo que supondrá inversiones superiores al 20% del valor actualizado del montante que se dio al inicio de la concesión o de un 50% en el caso de tratarse de concesiones de interés estratégico para los puertos.
La nueva normativa, aprobada el Gobierno de Rajoy en octubre, modifica así la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante del 2011 y obliga a las empresas a hacer sus peticiones antes de primeros de julio.
La nueva ley y sus disposiciones transitorias son, en realidad, un paquete de medidas urgentes para incrementar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de la economía española tras el impacto que ha supuesto la crisis y la entrada de España en el euro. Las medidas afectan tanto a puertos, emprendedores, comercio minorista, aeropuertos, medidas energéticas, empleo juvenil, entre otros ejes significativos de la economía española.
Carlos Lara Castro, socio de Valoraciones PwC en Cataluña, explicó ayer que la nueva ley no se trata simplemente "de una cuestión de ampliación de plazos sino de los compromisos económicos que las empresas estén dispuestas a aceptar para conseguir una ampliación o prórroga de la concesión".
En este sentido, subrayó que las empresas, independientemente del tamaño que tengan, tendrán que analizar bien los costes y beneficios que supondrán tales peticiones en función de "a qué se dedican, el tiempo que lleven con la concesión, de que hayan realizado inversiones en el pasado o las quieran hacer en un futuro, si existe una oportunidad de negocio para que sea factible este plan de inversiones", entre otras cuestiones, con el fin de asegurarse de que las exigencias de la ley les serán rentables. Y recomendó a las empresas "asesorarse muy bien" con el fin de presentar a la Autoridad Portuaria un "plan de negocio sólido" que interese tanto a la propia empresa como a la administración, que será, en último término, la que concederá o no la petición. "A ninguno de los dos les interesa fracasar".
El abogado del Estado en excedencia y socio responsable del departamento de derecho administrativo de PwC, Pablo Navarro, también hizo hincapié en el coste económico que la nueva ley impone a las empresas para otorgarles la ampliación de la concesión o la prórroga. "Los requisitos económicos suponen, o que les pagues directamente a la administración un dinero que ella puede invertir en algún sector que incluso, a la larga, puede llegar a ser perjudicial a tu negocio, porque puede ser una inversión que beneficie a la competencia; o que te obligue a hacer una inversión en un plazo muy concreto [hasta el 5 de julio] que no tenías programada y que puede poner incluso en riesgo la compañía", dijo. Navarro aconsejó también a las empresas asesorarse antes de tomar la decisión.
