El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, anunció ayer que la Abogacía del Estado se ha personado en la querella interpuesta el pasado diciembre por José Manuel Arnáiz (ex presidente del Puerto entre 2003 y 2005) contra el Banco de Santander, por el presunto fraude en la contratación de un producto financiero por el que la administración ha pagado cinco millones de euros desde 2008, y que le obligaría a abonar otros diez millones hasta el 2024. Arnáiz niega que haya aprobado un documento que no pasó por el consejo de administración en La Luz, según recalcaba ayer Ibarra. El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas tramita una causa en la que el ex mandatario reclama al Santander 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Todo, según apuntó Ibarra en una rueda de prensa en la que informó a los medios sobre la actualidad del pleito en torno al swap, producto bancario que data de 2004, aunque no comenzó a tener efecto hasta cuatro años más tarde. La Abogacía del Estado atendió, con su personación (notificada el 24 de febrero), el requerimiento anterior del propio consejo, para que interviniera en un asunto que la actual presidencia en La Luz lleva investigando desde 2013. En concreto, según recordó Ibarra, desde que el Consejo Consultivo de Canarias dio en 2013 la razón al Ayuntamiento de Arrecife en su pretensión de dejar sin efecto un swap similar, también de 2004 y contratado con el mismo banco, al considerarlo nulo de pleno derecho.
Desde entonces, el Puerto ha intentado negociar, sin éxito, con el Santander para cancelar el producto. Y ha preparado la interposición de una demanda civil contra la entidad financiera, que no se podrá activar "hasta que se resuelva la querella", explicó Ibarra.
El actual presidente recordó cómo Arnáiz presentó hace un año una declaración jurada en el Puerto en la que manifestaba que no había aprobado el documento. Sí -señaló- firmó un préstamo concedido por el banco en 2004, por 21,6 millones de euros. Y procedió de igual forma con un contrato marco en el que se contemplaba la posibilidad de acordar productos como los swap, apuntó Ibarra. El documento concreto objeto del conflicto, cuya copia ha aportado el Santander a la Autoridad Portuaria, consta de cuatro folios, en los que sólo en el último de ellos aparece la firma de Arnáiz. Ibarra destacó que en esta página no se detalla la naturaleza del acuerdo.
Estas cuatro páginas parecen constituirse en uno de los puntos clave del pleito. El propio Arnáiz pidió al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil un análisis minucioso de los mismos. Ibarra dio a conocer las dudas expresadas por el perito sobre los mismos, que habría indicado que las tres primeras páginas no son de la misma fecha que la única que está firmada por Arnáiz.
Estos cuatro folios, indicó el presidente del Puerto, no pasaron por el notario o el departamento económico financiero de la propia Autoridad Portuaria, que llegó a esta conclusión después de preguntar sobre el swap a diez de sus empleados. Pero la administración comenzó a pagar al banco por este concepto a partir de 2008, habiendo desembolsado hasta la fecha unos cinco millones de euros. El contrato, que expira en 2024, obligaría a La Luz a liquidar diez millones más.
El contrato original
"El Banco de Santander tendrá ahora que aportar el contrato original", adelantó Ibarra ante los medios. El presidente, además, precisó que la personación de la Abogacía del Estado en la causa abierta en el juzgado de instrucción, de la que ayer mismo informó al consejo de administración, viene a suponer su respaldo a la querella de Arnáiz , al entender que la Autoridad Portuaria "ha podido ser objeto de un engaño".
El Ministerio de Fomento, al que pertenece el organismo público de Puertos del Estado, lleva analizando este expediente al menos desde el año 2013. La Autoridad Portuaria ha venido liquidando al Santander pagos anuales, efectuados en el mes de marzo, por este contrato, que, según indicó Ibarra en ocasiones anteriores, no estaba vinculado de forma directa a otro producto financiero. Estos abonos han sido, cada uno de ellos, de unos 500.000 euros.
El propio Ibarra anunció en octubre un litigio contra la entidad financiera, con cuyos directivos llegó a fijar una reunión en Madrid, para intentar negociar la anulación del swap. El presidente de la Autoridad Portuaria destacó ayer, como en comparecencias anteriores en torno al mismo asunto, que el contrato "no pasó por el consejo de administración", lo que considera un punto importante para reclamar que el producto financiero objeto de la polémica quede sin efecto. El procedimiento principal es ahora la querella interpuesta por Arnáiz en diciembre, en la que ya es parte la Abogacía del Estado.
