Un despacho de la capital grancanaria ha agrupado a 30 afectados por la compra de acciones de Bankia para reclamar más de 400.000 euros a la entidad.
La demanda colectiva fue interpuesta a finales del mes pasado en el decanato de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por el despacho LaJusticia abogados, pero es probable que también presenten las reclamaciones de manera individual, con la finalidad de aprovechar la reciente eliminación del pago de tasas para abaratar los costes en la tramitación de los procedimientos. Eso dependerá de si el juzgado competente aplica o no el viejo arancel cuando comience a tramitar la demanda conjunta.
Entre los perjudicados hay ciudadanos de toda la Isla, pero principalmente de la capital grancanaria, entre ellos un jubilado de Tafira que perdió 100.000 euros a plazo fijo por la compra de las acciones, o familias de cuatro miembros que se quedaron sin los ahorros para el Erasmus universitario de su hijo, incluso un hombre con una discapacidad mental del 50 % que invirtió su pensión en la compra de acciones antes de que Bankia se estrenase en la bolsa de Madrid.
Esas reclamaciones se fundamentan en la "información falsa" publicada por la entidad antes de lanzar la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones en julio de 2011, según explica Rajesh Chellaram, del despacho la LaJusticia abogados. En ese folleto explicativo, Bankia describía la operación como una "oportunidad única" de negocio, pero poco después, en mayo de 2012, la cúpula que presidía el exministro Rodrigo Rato presentó la dimisión, los nuevos gestores pidieron el rescate financiero y se suspendió la cotización en bolsa de la compañía. Entonces se detectó un agujero de 20.000 millones, todo lo contrario a los números presentados antes de la OPS, que informaban de un beneficio de 309 millones al final de la primavera de 2011.
Un informe pericial del Banco de España revela que ha existido una alteración o maquillaje financiero en las cuentas de Bankia, lo cual abre la puerta a reclamar daños y perjuicios por la vulneración del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. Esa responsabilidad civil "nace de la falta de veracidad en la apariencia de solvencia" de Bankia, según las demandas presentadas, pues la entidad publicó y divulgó de forma general unos datos que no eran ciertos e indujeron al error a los inversores que compraron esos títulos.
Por tanto, añade Rajesh Chellaram, el banco es responsable del detrimento patrimonial de sus accionistas, ya que los daños y perjuicios no derivan "de los riesgos de fluctuación del mercado", sino que son consecuencia de la "falsedad en la información contable y financiera publicada para la emisión de las acciones a través de la OPS". Bankia fue intervenida meses después por el Estado y se produjo una agrupación de 100 acciones en una nueva, con la consiguiente pérdida de valor de las compras hechas por los inversores.
La Ley del Mercado de Valores establece un plazo de tres años para ejercer estas reclamaciones de cantidad. Ese plazo empieza a contar desde que se conoce el fraude en las cuentas, en este caso mayo de 2012, puesto que fue en esa fecha cuando se suspendió la cotización en bolsa y se solicitó el rescate financiero tras la intervención. Por eso los abogados animan a los afectados a presentar sus reclamaciones antes del próximo mes de mayo. Luego las posibilidades de éxito son inciertas.
En Canarias hay al memos cuatro sentencias dictadas en primera instancia a favor de los accionistas. También la Audiencia de Valencia ha confirmado otro caso que se basa en el informe del Banco de España sobre la falsedad de la información previa a la salida a bolsa. Por eso los especialistas en derecho bancario consideren esa vía la más rápida y efectiva para recuperar el dinero de los accionistas. Los cálculos apuntan que en las Islas hay más de 10.000 afectados.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es el máximo accionista de Bankia, ha cifrado en 780 millones la cantidad máxima a devolver, incluso ha reservado parte de sus beneficios para ese fin, pero las indemnizaciones sólo se harán con sentencia firme. De ahí la necesidad de acudir al juzgado para reclamar.
