20 de marzo de 2015
20.03.2015

La Abogacía llama "quejosa" a una vecina que pleitea por sus tierras

Esther Medina pide amparo al Colegio de Abogados para que su letrado rinda cuentas por la expropiación de Hoya la Plata

19.03.2015 | 23:06
La Abogacía llama "quejosa" a una vecina que pleitea por sus tierras

¿Es demasiado insistente María Esther Medina Socorro en sus reclamaciones al Colegio de Abogados de Las Palmas? Sí para el anterior vicedecano, Javier Monzón, que la ha llamado "quejosa" en respuesta a sus peticiones, entre ellas la mediación de la institución para que su antiguo letrado le rinda cuentas de la herencia de sus antepasados. Se trata de los Millán Martín, una familia con grandes extensiones de tierras en los alrededores de Hoya la Plata que están en discusión desde 1994.

"Me han desacreditado y me han insultado. Dicen que soy una quejosa, pero lo único que quiero es recuperar la documentación para saber qué ha pasado con las tierras y el dinero", explica María Esther Medina. También reclama la asignación de un abogado de oficio para personarse en un pleito penal por apropiación indebida que está relacionada con la administración de la herencia.

Esa causa la tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Se abrió en 2009, pero no está claro si está formalmente archivada o simplemente parada por la inacción de las partes. ¿Por qué? El segundo abogado de Medina desistió del pleito al mostrarse conforme con el archivo, pero el fiscal interesó la estimación del recurso y pidió que se practicaran las diligencias mínimas e imprescindibles para comprobar los hechos, pues el fondo de la denuncia no va dirigida a una rendición de cuentas, que quedaría al margen del derecho penal, sino a una supuesta apropiación de dinero que pertenece a la masa hereditaria.

El Juzgado no practicó ninguna diligencia porque la acusación particular se desvinculó y nadie se personó en su lugar, pero Medina trata ahora de conseguir un abogado para reactivar la investigación, entre otros motivos porque nadie le ha notificado el sobreseimiento del procedimiento. Lleva batallando desde entonces, con reuniones recientes en el Juzgado de Instrucción, la Fiscalía de Las Palmas y el Colegio de Abogados. Pero la institución colegial ha cerrado filas para defender la honorabilidad del letrado denunciado, que a su vez es primo de la propia Medina.

Esa queja fue archivada por el Colegio de Abogados de Las Palmas el 17 de abril de 2013, recurrida el 21 de mayo por Medina, y desestimada en alzada el 16 de octubre del mismo año por el Consejo Canario de Colegios de Abogados, organismo que aglutina a todos los colegios del ramo isleños.

En ambos expedientes actuó como instructor Javier Monzón, que fue vicedecano del Colegio de Abogados de Las Palmas hasta la semana pasada, fecha en la que cesó al tomar posesión un nuevo equipo directivo. Monzón, en un sólo párrafo, llama "quejosa" a Medina hasta cuatro veces. Son alusiones del tipo "por parte de la quejosa", "a voluntad de la quejosa", "la denuncia de la quejosa", o "la dudosa representación que ostenta la quejosa" respecto al resto de herederos, todo ello en un párrafo de diez líneas.

Monzón, con esas afirmaciones, respalda la actuación profesional del letrado, que tacha de "correcta e impoluta", al tiempo que reprocha a Medina su "infundada" denuncia, "sin pruebas" para sostener las acusaciones vertidas por la administración de la herencia. Añade el entonces vicedecano que existen copias de recibos de pagos y finiquitos a nombre de los herederos, incluso que la documentación ha sido revisada por otros dos abogados, un asesor fiscal y un auditor de cuentas.

En cambio, Medina replica que esas gestiones no se han hecho y se reafirma en la falta de documentación. El conflicto arranca de la expropiación forzosa de los terrenos entre Hoya la Plata y la Potabilizadora para ampliar la actual carretera, operación por la que Obras Públicas del Gobierno de Canarias pagó a los herederos 3,591 millones en 1996. La perjudicada sostiene que no hay escrituras ni documentos que acrediten el "justo reparto del porcentaje recibido por cada descendiente". También reclama el "extracto bancario original de todos los movimientos de las cuentas corrientes".

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