El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al magistrado que investiga un presunto delito ecológico en el vertedero de Salto del Negro que aplace las declaraciones de los siete imputados, entre ellos dos ediles, hasta que disponga del informe pericial solicitado, según informó en la jornada de ayer la agencia Efe.
Cardona ha indicado que entre los imputados figuran las ediles de Limpieza en el año 2011, Inmaculada Medina, del PSOE, y Carmen Guerra, del Partido Popular, que deberán declarar el próximo 30 de marzo, así como gerentes y técnicos del vertedero.
El alcalde de la capital grancanaria ha explicado a los medios de comunicación, durante la inauguración de la Feria Internacional del Mar que se celebró ayer en el entorno de Santa Catalina, que los servicios jurídicos de la Corporación entienden oportuno que las declaraciones de los imputados se produzcan una vez concluido el informe pericial, que determinará si en la gestión del vertedero implicó "graves riesgos" para la salud y el territorio.
El caso lo investiga en la actualidad el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular es Javier García Sotoca, quien deberá decidir si pospone estas citaciones, que, de hacerlo, según Cardona, se producirían después de las elecciones municipales celebradas en el mes de mayo de 2011, en las que el Partido Popular acabó obteniendo la mayoría absoluta en la Corporación de la capital grancanaria, con 15 concejales, sucediendo al anterior gobierno municipal del PSOE.
El fiscal provincial de Medio Ambiente, Javier Ródena, denunció en el mes de junio de 2011 presuntas irregularidades en la gestión del Complejo Medioambiental Salto del Negro, a raíz de las quejas de los vecinos porque se realizaban supuestamente vertidos incontrolados.
