El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, negó ayer que su institución falte al respeto a María Esther Medina Socorro, una vecina de la capital grancanaria que pleitea por la herencia de sus antepasados y que ha sido llamada "quejosa" por el Consejo Canario de Colegios de Abogados, organismo al que pertenece la institución de Espinosa.
El decano afirma que esa palabra no ha sido usada de forma "peyorativa" ni "despectiva", sino que es de uso común para referirse a la persona que presenta una queja contra un letrado o derivada del funcionamiento del servicio, similar al de recurrente o demandante, por citar términos que se pueden emplear en el mismo contexto. Espinosa asegura que jueces y fiscales también usan la palabra quejosa, siempre en el sentido estricto que le atribuye la Real Academia de la Lengua Española.
Tampoco ve un significado despectivo Javier Monzón, que fue decano hasta la semana pasada y ha intervenido en la tramitación del expediente. Monzón no ha sido instructor de las diligencias, como por error publicó ayer este periódico, sino que se ha limitado a dar fe y trasladar las resoluciones adoptadas por el Colegio de Abogados de Las Palmas y por el Colegio Canario de Colegios de Abogados.
Esos acuerdos fueron tomados por la junta de gobierno de ambas instituciones. En el primero, que es dictado por el Colegio de Abogados de Las Palmas, sus directivos avalan la propuesta del instructor y rechazan la queja de Medina, pero no la llaman en ningún momento "quejosa". Es en el recurso de alzada, que fue resuelto por el Consejo Canario de Colegios de Abogados, cuando se usa ese término para referirse a Medina. La institución, en esa resolución, utiliza diez veces la expresión "quejosa" para aludir a la reclamante, cuatro de ellas en un mismo párrafo y todas en apenas dos folios de extensión. Ese acuerdo de la junta está firmando por Monzón en calidad de secretario accidental del Consejo Canario.
María Esther Medina ha denunciado su caso porque se siente insultada. Considera que se podían haber dirigido a ella por su nombre o por el de recurrente, término que no se emplea en ningún momento pese a sustanciarse un recurso. Asegura que su anterior letrado no le ha rendido cuentas de la herencia de su familia, que se saldó en 1996 con la expropiación de tierras en Hoya la Plata por valor de 3,591 millones para ampliar la autopista hasta la potabilizadora.
