Quedan cuatro meses para la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Registro Civil que promueve el Ministerio de Justicia, pero los funcionarios alertan de las consecuencias que esos cambios tendrán para el bolsillo de los ciudadanos y de otros inconvenientes derivados de la privatización del servicio, entre ellos la celebración de bodas o la concesión de certificados. A modo de ejemplo, sólo en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria hay 20 bodas que se verán afectadas si el registro pasa a manos de los registradores mercantiles. También se han dado 460 citas para tramitar nacionalidades que están en el aire, aunque el caos puede ser peor si se siguen dando citas para después del 15 de julio sin que el Gobierno aclare cómo se hará esa desjudialización del Registro Civil.
Por ese motivo, ante la falta de información del Ministerio de Justicia, los trabajadores de los registros civiles de toda España han optado por concentrarse los viernes de cada semana, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, que acumula ya dos manifestaciones a las puertas de la Ciudad de la Justicia, con la finalidad de mostrar su rechazo a la reforma legislativa e informar a los ciudadanos de los cambios en ciernes.
Desde el Ministerio de Justicia se asegura que no se hará una privatización del servicio y que no se cobrará por los trámites, pero en estos momentos el Gobierno central está en plena negociación con los registradores mercantiles y se han filtrado cifras de lo que podría cobrarse por gestiones hasta ahora gratuitas: desde 20 euros por el certificado de nacimiento, hasta 300 euros por un expediente de matrimonio. "Quieren utilizar el libro de familia como fuente de financiación", asegura Gloria Fernández, una de las funcionarias que participó en la concentración del pasado viernes.
Fernández se manifestó a las puertas de la Ciudad de la Justicia junto a los 21 trabajadores que integran la plantilla del Registro Civil. Asegura que no están preocupados por sus puestos laborales, pues los funcionarios irán a otras unidades judiciales y los interinos a la bolsa de trabajo, sino por la privatización de un servicio que fue creado hace 144 años al amparo del Ministerio de Justicia y que desde entonces es gratuito para el ciudadano. También por la gestión y la custodia de una información sensible y esencial para las personas, que afecta a la naturaleza civil de la población, con unos archivos que atesoran años y años de intimidad. En ese sentido, al menos desde 2008, se ha completado un complejo proceso para digitalizar los fondos de los 432 registros civiles existentes en España. También se ha puesto en marcha un programa de informatización y modernización que está a medias. De ahí que los funcionarios se pregunten quién se hará cargo de esa inversión en tecnología.
Fernández asegura que en Gran Canaria sólo hay dos registros mercantiles y duda de que estén preparados para asumir la labor que en la actualidad hace el Registro Civil Único de Las Palmas de Gran Canaria. También destaca que los notarios ya rechazaron la propuesta del Gobierno precisamente porque carecían de medios para hacer ese trabajo. De ahí que el Ministerio de Justicia negocie ahora con los registradores, cuerpo al que pertenece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subraya Gloria Fernández. La funcionaria se volverá a concentrar el viernes para protestar con sus compañeros.
