El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la personación del Ayuntamiento en el pleito iniciado por el vertido de aguas residual sin depurar al litoral de la capital grancanaria.
Los servicios jurídicos municipales solicitaron formar parte del procedimiento como acusación particular tras admitirse a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente, pero el magistrado Tomás Martín ha negado al Ayuntamiento ese derecho al considerar que puede ser responsable del delito contra lo recursos naturales que le atribuye el Ministerio Público. La Corporación, en cambio, si está personada en otro pleito por delito societario contra Emalsa que tramita el Juzgado de Instrucción número 6.
La negativa obedece a que la querella no sólo va dirigida contra la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas. El fiscal también apunta a una omisión de las administraciones en su obligación de controlar la gestión del servicio, entre ellas el Ayuntamiento. Por eso solicita, además, diligencias para identificar a los concejales responsables de Aguas entre 2008 y 2014, que son el socialista Néstor Hernández y el popular Martín Muñoz, actual edil del departamento.
Esas diligencias de identificación también afectan a los directivos y los altos cargos de Emalsa, pues, tras la suspensión ayer de la segunda declaración prevista, es probable que se acuerden nuevas imputaciones con la finalidad de depurar la posible responsabilidad penal de políticos y empresarios.
Emalsa, tras conocerse las primeras imputaciones, emitió un comunicado para aclarar que los vertidos no suponen un peligro para las personas. Asegura que "están autorizados" conforme a un protocolo medioambiental, que no existen puntos negros y achaca la contaminación que denuncia la Fiscalía a una rotura "puntual" del emisario en enero del año pasado.
