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Un técnico admite que Emalsa echa agua residual sin depurar a la bahía

El empleado achaca el vertido a la falta de inversión municipal

Un técnico admite que Emalsa echa agua residual sin depurar a la bahía

El jefe de Depuración de Emalsa entre 2008 y 2012, Marcos A. Ortega Tetares, reconoció ayer ante el juez que su empresa expulsa por el emisario del teatro Pérez Galdós agua pretratada, es decir, que no ha pasado el proceso de depuración, y achaca esa situación a la falta de inversión en infraestructura por parte del Ayuntamiento.

El juez Tomás Martín tomó declaración a Ortega Tetares como imputado en la causa que se sigue contra Emalsa por verter de manera continuada aguas residuales a la bahía de la capital grancanaria. El magistrado, a petición de La Fiscalía de Medio Ambiente, interrogó a Marcos A. Ortega Tetares durante más de tres horas al atribuirle un delito contra los recursos naturales, pero renunció a la siguiente declaración para replantear la estrategia de la investigación, pues dejó en suspenso el interrogatorio de Juan José Rodríguez González, que es el actual responsable de Depuración en la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) y también estaba citado como imputado.

Las fuentes consultadas apuntan que la suspensión del segundo interrogatorio está vinculada al posible cambio de la situación procesal de los dos técnicos, quienes podrían pasar de imputados a testigos, con la finalidad de reforzar una hipotética acusación contra los altos cargos de Emalsa y los responsables políticos de su control. Esto señala directamente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene adjudicado el servicio a las empresas Saur Internacional y Sacyr-Valoriza, además de sentarse en el consejo de administración al conservar el 34% de las acciones. Y es que en la declaración de ayer salieron a relucir cuestiones comprometedoras para los superiores de los técnicos.

En líneas generales, Marcos A. Ortega, que sigue en otro departamento distinto al de Depuración, se apoyó en los permisos concedidos y en los análisis hechos por Emalsa para negar una contaminación del agua que ponga en peligro los recursos naturales, pero el fiscal apeló a la investigación realizada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para rebatir ese argumento.

Tratamiento deficiente

Esa investigación, que duró un año y fue dirigida por el Ministerio Público, es la columna vertebral de la querella presentada contra Emalsa que ahora ha comenzado a tramitar el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía sostiene que en el litoral capitalino, entre el Teatro y el Hospital Insular, "existe un vertido continuo de aguas residuales urbanas fuera de las autorizaciones concedidas". También un "déficit en el control y el mantenimiento de las infraestructuras". Eso motiva que un caudal "considerable" de metros cúbicos se expulse a la costa "sin depurar" o con "un tratamiento muy deficiente", lo cual genera un riesgo potencial "para el fondo marino, el ecosistema receptor y la salud de las personas".

Esas conclusiones no sólo se basan en el atestado del Seprona, sino en un informe pericial emitido el pasado julio por el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Jesús Cisneros; en fotografías y vídeos grabados por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil; en análisis microbiológicos hechos por Salud Pública del Gobierno canario y en tres informes del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla. Los responsables de ese organismo, tras estudiar las muestras de agua y sedimentos recogidas por el Seprona en enero y febrero de 2014, aseguran que "los vertidos analizados son de aguas residuales urbanas con un tratamiento previo muy deficiente".

El exjefe de Depuración, al ser interrogado sobre toda esa documentación, apeló al cumplimiento de las autorizaciones y a las analíticas de su propia empresa, pero el fiscal ya cuestiona en su querella la veracidad de esos datos, pues Toxicología destaca en sus informes que existe una "elevada concentración de microorganismos de procedencia fecal".

Es más, la propia documentación aportada por Emalsa revela que se incumple la autorización del Gobierno de Canarias para verter a través del emisario del Teatro, según los datos del agua procesada en la Estación Depuradora de Barranco Seco (EDAR) entre 2008 y 2014. Ese permiso, que fue concedido en 2003, permite la expulsión de agua depurada, no pretratada. El imputado ha admitido en su declaración que no es el sistema ideal, principalmente porque el emisario sólo se debería usar para evacuar agua en situaciones de urgencia, aunque insistió en que su compañía no podía hacer otra cosa con la infraestructura actual y añadió que esa inversión debía hacerla el Ayuntamiento.

Según el Seprona, Emalsa supera "ampliamente" los 473,04 hectómetros cúbicos permitidos al año por el Gobierno regional. Ese exceso de volumen, unido al incumplimiento de depurar el agua, se ve agravado por el escaso mantenimiento del emisario, con roturas continuas que provocan vertidos en los primeros 100 metros de la costa, cuando la autorización lo establece a 200 metros.

Parte de ese problema radica en que la depuradora de Barranco Seco carece de capacidad para tratar todo el agua residual que le llegue de la estación de bombeo del Teatro y del colector de la ciudad. De ahí la explicación del técnico.

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