El Juzgado de Instrucción número seis ha citado a declarar a tres funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el proceso abierto por haber retrasado el cierre de un restaurante de la calle Malteses, pese a que una sentencia de diciembre de 2010 anuló la licencia del local. La sentencia adquirió firmeza en febrero de 2011, pero el consistorio tardó casi un año en cerrar el local, tras recibir tres apercibimientos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres para que procediese a precintar el local. El local fue clausurado en noviembre de 2011.
La investigación judicial fue abierta tras la querella presentada por la presidenta de la asociación de vecinos Triana-San Telmo, Pepa Sánchez, por un presunto delito de prevaricación y desobediencia, por parte de tres funcionarios que ahora son citados a declarar el próximo 10 de abril.
Los funcionarios citados son Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, jefe del servicio de Actividades Comerciales e Industriales; Soledad Cabrera Sánchez, jefa de sección del mismo departamento y Carmen Nieves Martín Pérez, directora general de Edificación y Actividades.
