El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el último recurso legal que le quedaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para intentar salvar a la Biblioteca Pública del Estado de la ciudad de la sentencia de derribo que pesa sobre ella desde hace trece años.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó en 2002 la demolición de esa biblioteca, construida durante el mandato como alcalde del ministro José Manuel Soria, por vulnerar el planeamiento urbanístico de la ciudad, al haber eliminado las zonas verdes previstas en la zona donde se levanta (junto al parque de San Telmo) y haber creado una pantalla que impide ver el mar.
El Consistorio de la capital ya había intentado por dos veces salvar la biblioteca del derribo, primero cambiando el planeamiento del área de San Telmo para legalizarla, lo que no admitieron los tribunales, y después pidiendo al Tribunal Supremo que reconociera que la sentencia de demolición resultaba ya "inejecutable". Rechazada esa última vía, acudió al TC para frenar el derribo invocando el derecho fundamental de los ciudadanos a la cultura y la protección que la Ley de Patrimonio otorga a todas las bibliotecas públicas, a las que reconoce como bienes de interés cultural.
El Constitucional acaba de responderle con una providencia de un solo folio, en la que explica que no acepta su recurso "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo" que le habilite para estudiar este asunto. Esta resolución cierra las vías judiciales al alcance del Ayuntamiento -el propio texto precisa que contra esta decisión solo puede recurrir ya el Ministerio Fiscal-, pero el Consistorio ha anunciado hoy que no se resigna a perder la biblioteca y que tratará de salvarla por la vía política o por la vía de la negociación con los vecinos que en su momento denunciaron sus infracciones.
"No contemplo que la biblioteca se derribe ni mañana, ni pasado, ni dentro de cinco años", ha señalado la concejal de Cultura de la ciudad, Encarnación Galván (PSOE), en una rueda de prensa de urgencia ofrecida en la misma puerta de la instalación cultural. Galván ha subrayado que el actual equipo de gobierno municipal (PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias) va a intentar hacer todo lo que esté en su mano para buscar una "solución que sea definitiva", por tres vías: por la judicial, intentando que la Fiscalía recurra en su nombre; por la vía política, a través del Ministerio de Educación; y por la de la negociación con los vecinos.
"Esta biblioteca es ante todo un servicio público. Haremos todos los esfuerzos posibles para llevar a la legalidad", ha apuntado la concejal Galván, después de revelar que el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), ya se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle (PP), para exponerle el caso.
