Endesa y Red Eléctrica de España tendrán que asumir el pago del traslado de la subestación de la Cícer a la nueva ubicación, que aún está en el aire. El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, quiso dejar claro ayer que el Ayuntamiento no va a correr con los gastos de la nueva instalación de la central que tiene que llevar a cabo Endesa, tras la ratificación de la orden de cierre por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Endesa cifró hace unos años en 24 millones el coste del traslado, cuando salió el primer fallo que acaba de ratificar el TSJC. "La sentencia es clara. Le da la razón al Ayuntamiento y a los vecinos y, por tanto, el área que ocupa hoy la central se convertirá en un espacio libre que tiene que ser recuperado para los vecinos y será Endesa la que tendrá que asumir los costes de trasladar dicha planta, en connivencia con Red Eléctrica", dijo Hidalgo tras el pleno, en el que todos los grupos ratificaron una declaración institucional que pide el apoyo a las instituciones públicas canarias y entidades sociales y culturales para salvar la Biblioteca Pública del Estado del derribo.
Según el alcalde, lo único que puede hacer el Ayuntamiento, de cara al obligado traslado de la planta de la Cícer es facilitar a Endesa los terrenos de la nueva ubicación, al tiempo que expresó su esperanza de que en el plazo de dos meses ya esté decidido el emplazamiento.
"Hay ya varias localizaciones en la zona de El Rincón, toda s ellas alejadas de la población y hay una cerca del puente de El Rincón, que podría ser la más aceptable, pero aún no se sabe cual es la voluntad de la empresa", dijo Hidalgo, quien reconoció que el traslado no "será fácil porque tenemos que modificar toda una planta que da luz a casi 100.000 personas", pero "habrá que establecer unos plazos. En cuanto a la parcela, aseguró desconocer qué uso se le dará, pero recalcó que será un "espacio libre", cuyo destino será consensuado con los vecinos.
La declaración institucional propuesta por el Gobierno tripartito para salvar la Biblioteca fue la cuestión más destacada de un pleno vacío de contenido en el que fueron aprobadas por unanimidad las cinco mociones presentadas por el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C's) y Unidos por Gran Canaria (UxGC). El regidor insistió en su convencimiento de que el inmueble cultural no caerá bajo la piqueta y confió en que el Ministerio de Educación y Cultura dé una solución definitiva al problema antes de que acabe el año. "Yo espero que la solución que finalmente se encuentre no tenga coste indemnizatorio alguno, pero están todas las opciones abiertas Vamos a intentar forzar una situación que garantice el derecho de mantener un bien de interés cultural y no haya que indemnizar. Si tenemos que ir por la vía de la indemnización, será un mal menor y habrá que preguntarle a otros porqué nos está costando dinero", señaló el regidor en referencia al ex alcalde y ministro José Manuel Soria y el portavoz del PP, Juan José Cardona".
La decisión de cinco de los seis concejales de Las Palmas de Gran Canaria Puede de cogerse quince días de vacaciones a lo largo del próximo mes de agosto provocó las críticas del PP y Unidos. "Nos llama poderosamente la atención que haya varios departamentos donde se coloca el cartel de 'cerrado por vacaciones', pese a que acaban de llegar", denunció el popular Jaime Romero, mientras que Ángeles Batista, de Unidos, criticó que todo el "grupo de concejales de Podemos sale de vacaciones, tras hacerse cargo de sus competencias. Ya está bien de que se pasen el tiempo criticando que la clase política no trabaja, mientras ellos se van de vacaciones. No han asumido la responsabilidad que el cargo conlleva".
Por otro lado, la devolución de 115.711 euros que tiene que efectuar ahora el actual gobierno, tras anular el TSJC la bajada de sueldos que impuso el PP a la secretaria general y otros dos habilitados más trajo consigo el debate más caldeado del pleno, al argumentar el popular Ángel Sabroso que se trata de un dinero que el Ayuntamiento "se ha estado ahorrando". "Se lo ahorraron ustedes y ahora lo tenemos que pagar en este mandato, en una especie de salario en diferido", le respondió el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, mientras Hidalgo recriminó al PP, fuera del pleno, haber provocado la "huida" de los funcionarios habilitados nacionales. "Habrá que preguntarle por qué el Ayuntamiento sólo cuenta con dos habilitados de los ocho que había para garantizar que se cumplía la ley. Los habilitados que controlaban a la Administración han huido o han sido expulsados de facto. Ahora, nuestro esfuerzo será convocar esas plazas que antes se sacaban a concurso con el coste que el PP quería y nadie se presentaba porque en cualquier pueblo cobraban lo mismo. Lo vamos a corregir para que las decisiones se tomen acorde a la legalidad. No sé qué miedo tenían en el PP". Juan José Cardona defendió la bajada de los sueldos, porque "cobraban más que el interventor de la Comunidad Autónoma" y por la necesidad de homologar sus salarios con el resto de órganos directivos.
