La reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se efectuará el próximo año, beneficiará a más de 23.000 familias con escasos recursos económicos de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo anunció ayer el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, quien también explicó los parámetros por los que se guiará el Consistorio para ejecutar esta medida que se aplicará a través de una "subvención social" que puede ir del 75% al 100% de la cantidad a abonar. De este modo, se podrán acoger a la rebaja aquellos cuya vivienda tenga un valor catastral igual o inferior a 20.000 euros -una condición que se da en mayor medida en el barrio de Las Rehoyas, seguido de Escaleritas, Las Chumberas, Schamann y La Isleta-. Si se cumple este primer requisito, los siguientes índices que se mirarán serán el desempleo y la situación social de los solicitantes.
"Con esta medida queremos cumplir con uno de los compromisos del pacto de gobierno firmado por el tripartito que es el de aliviar la carga de impuestos a aquellas familias trabajadoras que están sufriendo de manera más grave los efectos de la crisis económica", manifestó el regidor. Para ello, "se está trabajando" en la puesta en marcha de un modelo de bonificación social, presente en otros ayuntamientos como el de Madrid o Málaga, que permite sortear las reticencias legales que "impiden a las administraciones públicas subvencionar impuestos a los particulares".
Autorización
La rebaja del IBI se aplicará el próximo año de manera directa por parte de la administración municipal, si bien serán los futuros beneficiarios quienes firmen una autorización para ello previamente. "Estamos estudiando la fórmula más adecuada para que sea lo más ágil y fácil posible, ya sea por vía telemática o presencial en las oficinas municipales", aseveró Hidalgo. Todo ello para "evitar" que el proceso se convierta en "una maraña burocrática" que haga desistir a los vecinos en solicitar esta ayuda.
Para saber qué viviendas del municipio podrían beneficiarse de esta reducción del IBI, el Área de Economía y Hacienda cruzará tres tipos de índices. El primero de ellos será el valor catastral de las viviendas, que tendrá que ser igual o inferior a 20.000 euros para poder aplicar esta rebaja tributaria. Estos hogares, que ahora pagan de IBI una media de 111 euros, se concentran en mayor medida en barrios donde abundan las viviendas sociales, en los que también se localizan las bolsas de desempleo más altas y en los que los ingresos de las familias suelen ser más reducidos como Las Rehoyas, Escaleritas, Las Chumberas, Schamann o La Isleta.
Otro parámetro será el del desempleo unido a la renta de las personas empadronadas en estas vivienda. Datos que la administración municipal pedirá al Servicio Canario de Empleo. Si bien actualmente hay registrados en Las Palmas de Gran Canaria algo menos de 50.000 vecinos desempleados. A su vez, también está previsto que el Área de Economía y Hacienda colabore con la Agencia Tributaria para acceder a la renta de los potenciales beneficiarios.
Por último, se revisará el factor social de las familias propietarias de las casas con menor valor catastral. Para lograrlo, se cruzarán los datos con los del área de Cohesión Social para averiguar qué hogares son los más vulnerables, y por tanto, destinatarios de estas ayudas. En este sentido, el alcalde ya anunció que es intención de su gobierno aplicar de forma automática, en el 2016, una bonificación -que podrá ser de entre el 75% y el 100% de la cantidad del IBI a abonar- a aquellas personas que reciben habitualmente las ayudas municipales de emergencia social.
A pesar de que serán más de 23.000 familias las que se prevé que se beneficien de esta medida que ya en su día quedó recogida en las bases del tripartito, y de que su aplicación le costará "entre 2 y 2,5 millones de euros" al Ayuntamiento, el munícipe quiso aclarar que no habrá consecuencias negativas para el resto de la población. O lo que es lo mismo, que la reducción del IBI para aquellos que tienen menos recursos económicos no se traducirá en un aumento tributario. "No se van a subir los impuestos en este mandato", hizo hincapié.
De igual forma, tampoco se reducirá el 10% del IBI para dejarlo como en 2011, cuando durante el mandato popular de Juan José Cardona, "el Estado" obligó a subirlo. El motivo, según explicó el alcalde socialista, es que esto supondría "una pérdida de más de siete millones de euros a las arcas municipales".
