El Gobierno de Canarias propone que otras 1.645 viviendas de protección oficial (VPO) del municipio, propiedad de Visocan -empresa pública de la Administración autonómica- se incluyan en la bonificación social al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que anunció a principios de semana el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo. Se trata de viviendas sociales cuyos propietarios sí están obligados a pagar el IBI al Ayuntamiento a pesar de que los alquileres que abonan a la administración pública son, habitualmente, bajos. Es por eso que el Consistorio estudiará casa uno de los casos, ya que muchos de estos hogares superan los 20.000 euros de valor catastral establecido por el regidor para poder acceder a esta rebaja tributaria.

La mayoría de estas VPO están ubicadas en los barrios de Las Torres, Ciudad del Campo, Tamaraceite, La Paterna, El Lasso o Lomo Los Frailes. Actualmente, las cuotas que estas 1.649 viviendas sociales abonan a la Institución local en concepto de IBI superan los 400.000 euros. Para analizar el estado del parque público de viviendas sociales en la capital y la posibilidad de beneficiar a sus adjudicatarios de la reducción de impuestos, ayer se reunieron Benito Cabrera, coordinador general accidental del Área de Economía y Hacienda; José Gregorio Pérez Medina, director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) y Víctor González García, gerente de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan).

Durante este encuentro, los responsables autonómicos informaron a Cabrera de la existencia de esas 1.649 VPO a las que Visocan repercute el cobro del IBI con posterioridad -la administración regional paga el impuesto por adelantado al Consistorio-. Ante esto, el coordinador municipal anunció que se estudiarán todos los casos, ya que a pesar de que muchos de estos hogares superan el valor catastral de 20.000 euros, sus propietarios cuentan con graves problemas económicos y sociales que facilitarían su acceso a la ayuda municipal.

Y es que la intención del Ejecutivo local es rebajar, a partir del próximo ejercicio fiscal, entre el 75% y el 100% la cuota del IBI a todos los hogares que puedan demostrar tener bajos o nulos ingresos económicos. Aunque aún está en una fase de estudio inicial, Augusto Hidalgo anunció el pasado lunes que esta bonificación social se podrá aplicar a la mayoría de aquellas viviendas cuyo valor catastral sea igual o inferior a 20.000 euros.

Para realizar el análisis que determine cuáles de las 1.645 VPO se pueden acoger a esta reducción, las dos instituciones acordaron compartir las valoraciones que Visocan realiza cada dos años a estos adjudicatarios, a través de estudios que determinan el nivel de ingresos o la renta de las familias que habitan cada una de las VPO. Si bien Cabrera adelantó que todas aquellas que muestren tener bajos ingresos se podrán beneficiar de la bonificación social tributaria.

Asimismo, el coordinador municipal, José Gregorio Pérez y Víctor García, convinieron durante su encuentro mantener abierta esta vía de colaboración, ya que el Icavi va a realizar una comprobación de otras 3.134 VPO que gestiona en el municipio para ver si alguno de sus adjudicatarios también está obligado a abonar el IBI al Ayuntamiento.